Ginebra. Alrededor de 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales se produjeron en Venezuela en el último año y medio según un informe publicado este jueves por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien recientemente visitó ese país.
La gran mayoría de esas muertes fueron cometidas por las fuerzas de seguridad, una proporción “sorprendentemente elevada”, alertó Bachelet.
“Son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la alta comisionada, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles”, replicó el gobierno de Caracas.
En su informe luego de la visita a Venezuela del 19 al 21 de junio, Bachelet resaltó igualmente que “los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones”.
La alta funcionaria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió en sus conclusiones la disolución de las Fuerzas Especiales (FAES), a las que achaca en particular la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, durante operaciones policiales en el 2018.
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“Entre el 1.° de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores” resaltó Bachelet.
Esas cifras fueron suministradas a la oficina de Bachelet por el propio gobierno venezolano, precisó una portavoz, Ravina Shamdasani.
“No las habíamos publicado hasta ahora (...). Nos fueron enviadas en directa respuesta a nuestras solicitudes”, detalló.
Además, hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, indicó el Alta Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Venezuela atraviesa una profunda crisis política, con el pulso entre el mandatario chavista Nicolás Maduro y el opositor presidente i Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por unos 50 países.
El país vive además una grave crisis económica, agravada por un embargo petrolero y sanciones financieras impuestas por Estados Unidos para intentar sacar del poder a Maduro.
“El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas”,puntualizó el texto de la alta comisionada.
Alegatos de Caracas
El régimen de Maduiro, por su lado, planteó objeciones al documento .
“El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela”, replicó el gobierno de Maduros.
“El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas ‘por motivos políticos’. Esta recomendación resulta inaplicable y, por tanto, equivocada pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición”, añadió.
La situación es “compleja”, admitió Bachelet, quien pudo entrevistarse con los principales protagonistas de la crisis y con damnificados.
Además de la disolución de las FAES y de los “colectivos”, Bachelet rrecomendó la creación de “un mecanismo nacional imparcial e independiente” para analizar las ejecuciones extrajudiciales, y le pidió al gobierno que publique regularmente datos exhaustivos sobre la salud, el acceso al agua y alimentos, entre otros, de la población.
El texto describe la forma de operar de las FAES a partir de testimonios recogidos por la ONU en Venezuela. Según una veintena de esos testimonios, esas fuerzas especiales allanan domicilios, separan a jóvenes de sus familias y los ejecutan a sangre fría.
Al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social", consignó el texto.
Este recordó que la alta comisionada ha pedido la creación de una oficina permanente en el país suramericano.
Para el gobierno venezolano, el informe “nada dice (...) sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales ilegal e ilegítimamente impuestas al país”.