Agencia AFP. 14 abril
Los manifestantes sudaneses se manifiestan con banderas nacionales y cantan consignas durante una manifestación contra el nuevo consejo militar gobernante establecido después del derrocamiento del presidente Omar al-Bashir, en la capital Jartum, el 11 de abril de 2019. Foto: ASHRAF SHAZLY / AFP.
Los manifestantes sudaneses se manifiestan con banderas nacionales y cantan consignas durante una manifestación contra el nuevo consejo militar gobernante establecido después del derrocamiento del presidente Omar al-Bashir, en la capital Jartum, el 11 de abril de 2019. Foto: ASHRAF SHAZLY / AFP.

Jartum- Los manifestantes sudaneses continuaban el domingo pidiendo la instauración de un gobierno civil y mantenían la presión sobre el ejército y las autoridades, que exhortaron a la comunidad internacional a apoyar a la junta militar en el poder para lograr la “transición democrática”.

Este llamado del ministerio de Relaciones Exteriores se produce al día siguente de que el nuevo hombre fuerte del país, el general Abdel Fatah al Burhan se comprometiera a "eliminar de raíz" el régimen de Omar al Bashir.

Este domingo, el nuevo poder militar instó a los partidos políticos a seleccionar una figura "independiente" como primer ministro, constató un periodista de la AFP que asistió a una reunión entre ellos.

"Queremos que se pongan de acuerdo sobre una figura independiente para ser primer ministro y sobre un gobierno civil", dijo a varios partidos el teniente general Yaser al Ata, en una reunión entre partidos y junta militar en Jartum.

El sábado por la noche, una delegación de 10 líderes de las protestas presentaron sus peticiones al nuevo poder militar y reclamaron la formación de un gobierno completamente civil para dirigir el país, indicó la Alianza por la Libertad y el Cambio (ALC), punta de lanza del movimiento.

Miles de manifestantes están acampados desde el 6 de abril delante del cuartel general del ejército en Jartum y mantienen la presión sobre la junta militar de transición, instaurada después de que el ejército derrocara el jueves a Omar al Bashir, que gobernaba el país con mano de hierro desde un golpe de Estado en 1989.

El ejército "se puso el jueves del lado del pueblo, por el bien de la libertad, de la paz y de la justicia", precisió el ministerio en su comunicado.

"Queremos que nuestras peticiones se satisfagan, pero las dos partes deben ser flexibles para alcanzar este objetivo", reafirmó un manifestante.

"Continuaremos organizando sentadas hasta que nuestras peticiones se satisfagan", declaró en un comunicado Omar al Digeir, uno de los dirigentes de la ALC, que reagrupa a la Asociación de los Profesionales Sudaneses (SPA) y a partidos de la oposición.

Entre las peticiones presentadas por una delegación de diez representantes de los manifestantes figura la reestructuración del poderoso servicio de inteligencia sudanés (NISS), que dirigió estos últimos cuatro meses la represión contra las manifestaciones que causó decenas de muertos.

Según el ministerio, el general Al Burhan se comprometió a instaurar un sistema judicial independiente y a crear un entorno propicio para "una transición pacífica del poder".

Al Burhan, nombrado el viernes para reemplazar al general Awad Ibn Ouf, que dimitió tras solo 24 horas en el poder, anunció el sábado el levantamiento del toque de queda impuesto el jueves, la liberación de todos los manifestantes detenidos en las últimas semanas y se comprometió a juzgar a quienes mataron a participantes de las protestas.

Otro anuncio hecho por la junta militar fue la dimisión de Salah Gosh, jefe del NISS.

"Es crucial que las nuevas autoridades sudanesas investiguen el papel de Salah Gosh en la muerte de numerosos manifestantes" y respondan a las "acusaciones de tortura, detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos humanos bajo su supervisión", declaró la oenegé Amnistía Internacional.

La ALC pidió la integración de civiles en la junta militar, que entre sus diez miembros cuenta con varios pilares del régimen de Al Bashir, incluido el jefe de la policía.

En un comunicado el sábado por la noche, el general Al Burhan nombró dentro de la junta al adjunto del jefe del NISS, así como a Mohamad Hamdan Daglo, jefe de las operaciones paramilitares de la Fuerza de Apoyo Rápido, llamado "Himeidti" y acusado de violaciones de los derechos humanos en Darfur (oeste).

"No tenemos realmente elección. [Las Fuerzas de Apoyo Rápido] tienen armas y dinero. Himeidti cometió crímenes en el pasado pero, al menos por ahora, está del lado del pueblo", explicó Mohamed, un manifestante que no quiso dar su apellido por seguridad.

El domingo, Himeidti recibió en el palacio presidencial al encargado de negocios estadounidense Steven Koutsis, al que informó de las "medidas adoptadas por el nuevo poder para preservar la seguridad y la estabilidad en el país", según la agencia oficial Suna.

Entre las medidas decretadas tras la destitución de Al Bashir figuraban un alto el fuego en todo el país, especialmente en Darfur, donde un conflicto causó más de 300.000 muertos desde 2003 según la ONU. En los últimos años, el nivel de violencia disminuyó en la región.

La directora adjunta de Amnistía Internacional para el este de África, Sarah Jackson, pidió el sábado en un comunicado a las autoridades desvelar el lugar donde se encuentra el presidente derrocado Omar Al Bashir, de 75 años, y entregarlo a la Corte Penal Internacional (CPI), que emitió una orden de detención contra él por crímenes de guerra y genocidio.

La junta militar afirmó que rechazaría entregar a Al Bashir o a cualquier otro ciudadanos sudanés.

El sábado, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos expresaron su apoyo “al pueblo sudanés hermano” y a la junta militar de transición.