Maduro “no se merece una segunda oportunidad por cuanto la elección en la que supuestamente salió electo no fue una elección libre, no fue una elección competitiva”, declaró el domingo el juez Christian Zerpa al canal EVTV en la ciudad de Orlando (Forida, sureste).

Más temprano, el TSJ aseguró en un comunicado que Zerpa había huido de Venezuela para evadir una investigación por presuntos delitos sexuales.Según la institución, el magistrado es investigado por “acoso sexual, actos lascivos y violencia psicológica” contra funcionarias de su despacho.

El presidente del TSJ, Maikel Moreno, sostuvo que ante “reiteradas denuncias” de “conductas indecorosas e inmorales en detrimento de un grupo de mujeres”, las autoridades habían iniciado el procedimiento legal para destituir y enjuiciar a Zerpa.

El juez, quien abandonó el país junto con su esposa y una hija, anunció que colaborará con las autoridades estadounidenses para develar supuestos casos de corrupción en el entorno de Maduro, y el control del TSJ por parte del gobierno.

“Obviamente sí (cooperará). Estaba consciente de que al venir aquí, esa probablemente iba a ser una solicitud y lo que sepamos, que sabemos algunas cosas, aun cuando no tenemos pruebas, en concreto documentos, tenemos pruebas testificadas, cosas que escuchamos, que vimos o de formas de actuar de algunos dirigentes y obviamente eso lo vamos a decir”, manifestó.

Según Zerpa, “hay personas vinculadas al entorno presidencial que están incursas en hechos de corrupción”, afirmó, sin mencionar nombres. Además, “buena parte de las decisiones (del TSJ) son instruidas desde (el palacio presidencial) Miraflores. Es un apéndice del Ejecutivo”, añadió, indicando que decidió exiliarse porque temía por su vida.

Zerpa militó en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, gobernante) y está entre los venezolanos con sanciones financieras de Canadá.

Fue designado por la antigua mayoría parlamentaria oficialista, en diciembre del 2015, pocos días antes de que la oposición asumiera el control de la cámara.

Maduro iniciará el jueves un nuevo mandato de seis años, tras reelegirse el 20 de mayo en votaciones boicoteadas y denunciadas como un fraude por la oposición y desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina.

El Grupo de Lima pidió al gobernante socialista abstenerse de asumir y traspasar el poder al Parlamento -de mayoría opositora- hasta que se realicen “elecciones democráticas”.

El Poder Legislativo, en tanto, advirtió de que lo considerará un “usurpador”.

El TSJ aseguró que Zerpa era investigado formalmente desde el 23 de noviembre de 2018. La acusación, sin embargo, no se hizo pública hasta los reportes sobre su deserción.

Moreno negó que el caso sea señal de fracturas en la corte. “Lejos de lograr separarnos, nos une”, aseveró.

Movilización de chavistas

Varias horas después de conocerse el caso del magistrado Zerpa, seguidores del gobierno del presidente Maduro empezaron a concentrarse en Caracas para expresarle fidelidad y prometer defenderlo cuando se acerca el momento de la juramentación para el segundo periodo consecutivo como mandatario, el cual tendrá lugar el 10 de enero.

“¡El que tenga bolas, agarre un fusil!”, arengaba un hombre a la cabeza de una caravana de partidarios chavistas, muchos armados, que prometieron defender a sangre y fuego el nuevo mandato de Maduro.

Los llamados “colectivos” hicieron una juramentación simbólica de Maduro, con retratos del mandatario y de su fallecido antecesor, Hugo Chávez, frente a la sede del Parlamento, cuya mayoría opositora declaró “ilegítimo y usurpador” al gobernante el sábado anterior.

Autos, motocicletas y camiones, algunos con hombres encapuchados y armados, cruzaron enormes barriadas de Caracas para respaldar al gobernante, quien jurará el cargo el jueves ante el Tribunal Supremo de Justicia.