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Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. AP/Archivo (Jacques Brinon)
Ciudad de México. México está inmerso en un histórico juicio anticorrupción que podría alcanzar a tres expresidentes, pero que puede naufragar si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decide usarlo como espectáculo revanchista y aleccionador, estiman analistas.
En el corazón del escándalo está Emilio Lozoya, exdirector de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y protagonista de la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en México.
Procesado bajo la figura de testigo protegido de la Fiscalía, implicó a los exmandatarios Enrique Peña Nieto (2012-2018), Felipe Calderón (2006-2012) y Carlos Salinas (1988-1994), y a otros políticos como beneficiarios de hechos ilícitos.
López Obrador, quien denunció fraude en las elecciones presidenciales del 2006 y el 2012, aprovecha el caso para remarcar que la corrupción es incluso más grave que la galopante criminalidad.
“La peste de la corrupción originó la crisis de México”, aseguró el líder izquierdista.
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El país es considerado uno de los más corruptos: ocupa el puesto 130, de 180 naciones, según el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional.
En paralelo al proceso, AMLO, como se conoce al mandatario por sus iniciales, promueve una reforma para que los presidentes puedan ser juzgados y un referendo para decidir el enjuiciamiento de exgobernantes.
El llamado “juicio del siglo”, según analistas, también pesa de cara a las elecciones del 2021, donde el partido oficialista Morena busca consolidar su mayoría legislativa y sumar gobiernos locales.
La aprobación del gobernante alcanzó 58% en agosto, lejos del pico de 81% de febrero del 2019, pero aún sólida, según un promedio de encuestas de la firma Oraculus.
Aunque el proceso está en fase inicial y la Fiscalía tiene seis meses para ampliar sus pesquisas, documentos y videos filtrados ya han tenido espacio estelar en las conferencias diarias de AMLO.
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Para él “es más importante que se difundan los detalles de esas redes de corrupción, para que se comprendan y el pueblo tenga claro esto”, señaló Julio Hernández, columnista de La Jornada y The Washington Post.
“Desde un punto de vista ético, puede ser correcto; desde el jurídico, no”, añadió.
El ’canto’ de Lozoya
La Fiscalía reveló declaraciones de Lozoya en las que aseguraba que Odebrecht entregó $4,4 millones para la campaña de Peña Nieto y que tanto el candidato como Luis Videgaray, entonces coordinador y luego ministro, dispusieron del dinero.
A cambio, Odebrecht obtuvo beneficios por $39 millones en concesiones, según la Fiscalía. Investigaciones previas señalan que la constructora pagó 10,5 millones de dólares en coimas.
Lozoya también acusa a sus exjefes de comprar votos en el Congreso para aprobar reformas constitucionales entre el 2013 y el 2014. Como sustento, refirió testigos, entregó recibos y un video.
López Obrador considera que Peña Nieto y Calderón deberían comparecer ante la Justicia y que las pruebas deben publicarse.
El 18 de agosto, en su conferencia, fueron exhibidas imágenes de dos exfuncionarios del Senado ligados al Partido de Acción Nacional (PAN, opositor) recibiendo fajos de dinero.
"Que el pueblo se entere", sentenció AMLO.
“Estamos viendo a un presidente que está pidiendo que se exhiban videos, violando presunciones de inocencia”, advirtió Esteban Illades, escritor y editor digital de la revista Nexos.
Riesgo para el proceso
La justicia mediática con fines políticos es recurrente en el país.
La sentencia por secuestro contra la francesa Florence Cassez en el 2007 o la investigación sobre 43 estudiantes desaparecidos en el 2014 mostraron cómo motivaciones extrajudiciales terminaron invalidando los juicios.
Los “juicios mediáticos tienden a provocar el linchamiento del exhibido sin que luego le importe al público que haya sido absuelto”, resaltó el penalista Juan Velásquez.
Las denuncias de Lozoya también ponen a prueba la autonomía de la Fiscalía General, que desde el 2019 ya no depende de la Presidencia.
Para Hernández, el acuerdo con el exdirectivo, bajo arresto domiciliario, podría afectar el caso, pues “dado que no se busca realmente” castigarlo, a la Fiscalía no le preocuparía “violar el debido proceso”.
Los expertos discrepan, sin embargo, sobre las consecuencias de un fiasco.
Para Illades, si Lozoya, Peña Nieto o Videgaray no pisan la cárcel, “se le acaba el crédito” a López Obrador, elegido en el 2018 bajo la bandera anticorrupción.
Pero Hernández cree que aun así “el ruido que se ha hecho le va a servir (a AMLO) rumbo a las elecciones”.
