Londres. El gobierno británico se declaró decidido el martes a revisar disposiciones del acuerdo de brexit, en vigor desde enero, reconociendo que representa una violación “específica y limitada” del derecho internacional, en un momento crítico en que intenta cerrar tratados comerciales con la UE y Estados Unidos.

El Reino Unido inició el martes la octava y cuarta ronda -respectivamente- de negociaciones comerciales con Bruselas y Washington, con el objetivo cada vez más difícil de alcanzar acuerdos antes de finales de año.

El primer ministro, Boris Johnson, amenazó la víspera con abandonar la negociación europea si esta no da resultado a mediados de octubre, lo que desembocaría en una brutal salida británica de la Unión Europea (UE) cuando el periodo de transición pos-brexit toque su fin el 31 de diciembre.

Y en previsión de que eso ocurra, el miércoles presentará a la Cámara de los Comunes un proyecto de ley que modifica las disposiciones recogidas en el Acuerdo de Retirada, un tratado internacional en vigor desde el 31 de enero, en lo relativo a la provincia británica de Irlanda del Norte.

Vuelve así al Parlamento de Westminster el viejo problema imposible del brexit: cómo mantener las reglas del mercado común europeo para Irlanda del Norte, con el objetivo de no imponer una frontera con la vecina República de Irlanda, sin separarla administrativamente del resto del país.

Preocupado por el posible daño a la reputación del Reino Unido, el diputado conservador Bob Neill preguntó el martes al ministro para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, si la modificación incurría en una violación de la ley internacional.

“Diría que sí, que viola el derecho internacional de una manera específica y limitada”, reconoció Lewis,quien justificó que existen “precedentes claros en que el Reino Unido y otros países necesitaron reconsiderar sus obligaciones internacionales debido a un cambio de circunstancias”.

Respeto a compromisos

En el inicio de una nueva ronda de negociaciones cada vez más tensas, la UE advirtió que respetar los compromisos anteriores es una condición indispensable para avanzar hacia un acuerdo comercial.

"Necesitamos ver más realismo de la UE sobre nuestra condición de país independiente", afirmó el negociador jefe británico, David Frost.

Paralelamente, el Reino Unido busca utilizar su recién recuperada independencia para cerrar lo antes posible un gran acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

Y para ello reanudó también este martes negociaciones a las que ha invitado a representantes de los partidos Republicano y Demócrata.

Pero estas también podrían verse amenazadas, advirtió un congresista demócrata, si sus planes para Irlanda del Norte ponen en peligro la frágil paz instaurada en la provincia por el Acuerdo del Viernes Santo de 1998 tras tres décadas de sangrientos enfrentamientos entre unionistas protestantes y republicanos católicos.

"Si el Reino Unido (...) viola el Acuerdo de Viernes Santo, no habrá un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y el Reino Unido. Punto", sentenció Brendan Boyle en las ondas de la BBC.

"El Reino Unido debe entender que habrá consecuencias que van mucho más allá de su relación de confianza con la UE", subrayó el congresista demócrata.

"Es muy difícil entrar en una negociación comercial con una parte que habría acabado de romper un acuerdo muy importante para nosotros. ¿Por qué entrarías en negociaciones con esa parte que podrían darse la vuelta y usar la misma táctica contra ti?", agregó.

Por el Tratado de Retirada, si no hay acuerdo comercial entre Londres y Bruselas los productos que pasasen a partir del 2021 de Gran Bretaña a Irlanda del Norte serían sometidos a controles aduaneros y aranceles, la empresas de la provincia tendrían que rellenar declaraciones de aduanas para vender al resto del Reino Unido y se podría aplicar a las empresas británicas que vendan en el mercado norirlandés las limitaciones europeas de subvenciones estatales.

Son consecuencias “inesperadas” que no vio cuando firmó el tratado hace un año, afirma Johnson. Pero los diputados norirlandeses -que votaron en bloque contra el acuerdo- afirman haber alertado en su momento y acusaron al controvertido primer ministro de utilizar la paz en Irlanda como moneda de cambio.