EscucharSantiago. Chile se adentra a partir de este miércoles en su segundo intento en dos años por cambiar la Constitución que rige desde la dictadura, esta vez con la derecha radical al frente del consejo que redactará un nuevo proyecto para ser sometido a referendo.
En este lapso los chilenos pasaron de un punto al otro del espectro político. Primero, al calor del estallido social de 2019, le dieron su respaldo a las fuerzas de izquierda para sepultar los restos de la herencia de Augusto Pinochet (1973-1990).
Sin embargo, luego rechazaron en las urnas la propuesta constitucional. Los partidos acordaron relanzar el proceso y en mayo, en las elecciones de los nuevos constituyentes, la ciudadanía se inclinó por una derecha ultraconservadora y nostálgica de los tiempos del dictador.
De ahí la incertidumbre frente al texto que saldrá de esta fase de deliberaciones y que debería reemplazar la Constitución de 1980, cuyos artículos más autoritarios ya han sido eliminados mediante reformas en los últimos años. Por ejemplo, el que proscribía al Partido Comunista o el que reservaba escaños en el Senado a exjefes militares, exjueces o un exrector universitario.
El 17 de diciembre los chilenos deberán pronunciarse sobre el nuevo resultado.
Un eventual rechazo dejaría las reglas como están en momentos en que este país de casi 20 millones de habitantes, con una amplia brecha entre ricos y pobres, está más inquieto por la inseguridad o el costo de vida que por un cambio de normas, según los estudios de opinión.
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La Constitución que se encuentra vigente actualmente en Chile data de 1980, convirtiéndose en heredera de la dictadura de Augusto Pinochet, sobre el cual se sustenta el origen ilegítimo que le critica la mayoría de los chilenos. (MARTIN BERNETTI/AFP)
Mayoría clara
El Consejo Constitucional se instala este miércoles para examinar el borrador redactado por expertos designados por el Congreso. El texto es una versión más moderada del que emanó del primer intento y que fue rechazado por un 61% de los electores.
La Asamblea Constituyente dominada entonces por la izquierda proponía un cambio radical del sistema político, legislativo y judicial. Entre otros, establecía el derecho al aborto y otorgaba reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas.
Compuesto por 51 miembros, el nuevo Consejo Constitucional tiene una amplia mayoría conservadora. Veintitrés consejeros son del ultraconservador Partido Republicano y 11 de coaliciones de derecha tradicional. La izquierda acaparó 16 escaños y se sumó un representante indígena.
“En el proceso anterior no había un grupo con mayoría clara, y esa mayoría no clara terminó en que todos los grupos aportaron partes diferentes a la misma propuesta”, explicó Marcel Aubry, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.
En el nuevo intento "tenemos una mayoría clara de parte un sector político que va a ser capaz de promover sus ideas de forma más eficaz", agregó.
La izquierda espera que el nuevo marco en discusión incorporé pocas transformaciones con respecto a la actual Constitución.
“Mis expectativas son mesuradas, principalmente porque veo cómo la derecha y la ultraderecha van a estar en pos de defender los intereses de las grandes oligarquías y proteger el modelo económico neoliberal”, dijo el consejero comunista Fernando Viveros.
Un líder Opus Dei
¿Cómo se comportarán los republicanos? En el Parlamento, donde no tienen la misma representación, rechazaron leyes como la reducción de la semana laboral a 40 horas, el incremento del salario mínimo y de los impuestos a las grandes mineras del cobre.
Contrarios al aborto, con un discurso antiinmigrantes y centrado en la seguridad pública, tienen al abogado Luis Silva como principal referente en este proceso.
De 45 años, Silva, miembro numerario del Opus Dei, la influyente organización católica ultraconservadora, abraza los principios de austeridad, castidad y absoluta obediencia.
Profesor universitario de derecho, fue el candidato más votado del Consejo. Recientemente levantó polémica al calificar a Pinochet como "estadista".
Con sus 23 representantes, los republicanos pueden vetar los artículos aprobados por los expertos. Y si logran anexar votos de la derecha tradicional, los pueden también modificar.
Apatía ciudadana
Del deseo obstinado por cambiar la Carta Magna, los chilenos pasaron al desinterés. Según la encuesta Cadem, el 58% no se ha informado del proceso y un 48% rechazaría la propuesta aún sin conocerla.
En la elección de consejeros del 7 de mayo, con voto obligatorio, cerca de dos millones de personas votaron nulo, equivalente al 17% del padrón.
"Hay un cansancio ciudadano respecto del proceso constitucional que se refleja en esos datos de personas que a priori quieren rechazar. Todos los temas tienen un ciclo y el constitucional ya va en baja", afirma el académico Aubry.
Boric, cuyo mandato concluye en 2026, ya anticipó que este será su último esfuerzo por cambiar la Constitución.
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