San Salvador. Dos derrotas políticas sufrió el viernes el presidente de la República, Nayib Bukele, luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional el Decreto Ejecutivo 620 que contiene disposiciones que obligan al Gobierno a dotar de un seguro de vida, así como del equipo de protección personal adecuado, a los médicos y enfermeras que atienden la emergencia por la pandemia del covid-19.
Horas después, los diputados de la Asamblea Legislativa superaran el veto al Decreto Legislativo 661 que se refiere a la reapertura gradual de la economía y manejo de la pandemia.
La Sala ordenó que el mandatario sancione y publique el Decreto 661, que fue aprobado el 1.° de abril del 2020 y vetado, supuestamente por inconstitucional, debido a que, según Bukele, vulneraba el principio de equilibrio presupuestario. Empero, en la resolución de la Sala se lee que “el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 620 es constitucional en lo relativo a la supuesta inobservancia al principio de equilibrio presupuestario que se instituye en el artículo 226 de la Constitución”.
La razón expuesta por la Sala es que la normativa vetada no tiene carácter presupuestario, sino que establece un mandato prestacional que debe ser considerado y concretado por el Órgano Ejecutivo en cuanto al pago y la fuente de financiamiento respectiva.
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En la resolución, la Sala consideró también como constitucionales los artículos 2, 3 y 5 del Decreto, aduciendo que la competencia de legislar de la Asamblea no es excluyente de la competencia del Ministerio de Salud de formular la política nacional de salud.
El viernes, el ministro de Salud, Francisco Alabi, y el de Hacienda, Nelson Fuentes, presentaron en la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley de Presupuesto por $3 millones para poder otorgar dicho seguro, así como una pensión vitalicia a los trabajadores de la salud, lo cual anunció Bukele en su cuenta de Twitter, en la que también aseguró que el 26 de mayo el Consejo de Ministros acordó dicho refuerzo presupuesto para brindar el seguro de vida.
Es decir, dicho acuerdo se tomó 55 días después de aprobado dicho seguro de vida en la Asamblea Legislativa y 32 días después de que fue ratificado por los diputados, pues el veto presidencial se conoció el 20 de abril.
Reapertura de la economía
Mientras tanto, los diputados, con 61 votos, superaron el veto presidencial al Decreto Legislativo 661, el cual contiene las diversas fases para la reapertura gradual de la economía así como disposiciones para manejar la pandemia desde el Ejecutivo. Con ello, los legisladores abrieron una nueva controversia que se dirimirá también por la Sala de lo Constitucional.
Bukele, en el documento enviado a la Asamblea, mencionó que la inconstitucionalidad planteada se da “en los artículos 65 y 66 por invasión de competencias y vulneración del principio de colaboración interorgánica” y adujo que “el Órgano Ejecutivo debió haber respetado los límites de la función legislativa o, por lo menos, tomar en consideración los planteamientos sobre la situación de la pandemia por covid-19 en el país y las alternativas de cursos de acción”.
Ante esto, el jefe de fracción de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Carlos Reyes, aseguró que “el decreto contemplaba un estado de emergencia por 15 días para atender la vida, la salud, en el marco del covid-19”.
Cristina Cornejo, del FMLN, manifestó: “En este decreto (661) no estuvimos de acuerdo (con el Ejecutivo) en transparencia, manejo de fondos, acceso a información, restricción de garantías constitucionales, entre otras. Trabajemos por una pandemia en el marco de la legalidad”.