5 septiembre
Una mujer protestó este miércoles 5 de setiembre del 2018 frente al Congreso, en Ciudad de Guatemala.

Ciudad de Guatemala. Organizaciones civiles y universitarias de Guatemala rechazaron este miércoles la decisión del presidente Jimmy Morales de prohibir el ingreso al país del jefe de una comisión antimafia de la ONU, que lo investiga por financiamiento electoral ilícito.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, dijo en rueda de prensa que dirigentes sociales, académicos, campesinos, mujeres y universidades están uniendo fuerzas para que prevalezca la institucionalidad.

"Está en juego el Estado de derecho, no podemos permitir que haya un golpe de Estado, hay que salvaguardar la institucionalidad, pero respetando el Estado de derecho, sabiendo que no es una monarquía sino una democracia", agregó.

El martes, Morales prohibió el ingreso al país del colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), al considerar que es una amenaza a la seguridad pública local.

No obstante, el Secretario General de la ONU, António Guterres, indicó que Velásquez seguirá al frente de la Cicig desde el exterior.

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Velásquez, quien se encuentra en Estados Unidos, estaba en la mira del gobierno desde hace un año cuando pidió junto a la Fiscalía levantar los fueros a Morales para investigarlo por presunto financiamiento ilícito en la campaña electoral del 2015.

Recientemente, la Cicig y la Fiscalía pidieron otra vez despojar a Morales de su inmunidad.

Riesgo para institucionalidad

Para Lenina García, secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos (Usac, estatal), las decisiones de Morales “son una amenaza y un riesgo para la población porque se podría atentar con el orden constitucional”.

La dirigente estudiantil afirmó que el mandatario quiere fuera a la Cicig como “una protección porque no quiere ser investigado” penalmente.

A su vez, el Frente Ciudadano contra la Corrupción (FCCC) instó en un comunicado al gobernante a retractarse y “abstenerse de romper el orden constitucional y el Estado de derecho”.

Así mismo, lanzaron un recordatorio a las fuerzas de seguridad de que deben lealtad a la Constitución.

Las organizaciones definirán proximamente si realizan movilizaciones, un paro o cierre de carreteras para expresar el rechazo a la medida de Morales.

En tanto, el grupo de países, agencias y organismos cooperantes conocido como G13, expresó su preocupación por las decisiones del mandatario, las cuales califica como "un paso hacia atrás en el fortalecimiento de las instituciones en su lucha contra la corrupción e impunidad".

El grupo, una instancia de coordinación internacional y multilateral, está integrado por quienes más destinan fondos de cooperación a Guatemala, entre ellos Alemania, Canadá, España, Francia, Italia, Suecia, Suiza, el Reino Unido, Noruega, Holanda y organismos como la Unión Europea (UE) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En tanto, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, en inglés), estimó que las recientes acciones de Morales representan una grave amenaza para la democracia y el Estado de derecho de este país.

Adriana Beltrán, directora para Seguridad Ciudadana en WOLA, aseguró que “los ataques contra la Cicig representan una bofetada en la cara del Gobierno estadounidense”, debido al apoyo brindado a esa instancia.

Ante ello, pidió a Estados Unidos suspender "inmediatamente todo el financiamiento a Guatemala, hasta que haya un claro compromiso a combatir la corrupción".

Según la activista, Estados Unidos ha invertido unos $45 millones en financiamiento para la Cicig desde su funcionamiento en el 2007.