3 marzo, 2017
Austra Flores, madre de la ambientalista Berta Cáceres, mantiene vigente el reclamo de justicia por el asesinato de la dirigente, hace un año.
Austra Flores, madre de la ambientalista Berta Cáceres, mantiene vigente el reclamo de justicia por el asesinato de la dirigente, hace un año.

La Esperanza, Honduras

Miembros de organizaciones étnicas y sociales se concentraron este viernes en La Esperanza, en el oeste de Honduras, para recordar a la ambientalista Berta Cáceres en el primer aniversario de su asesinato y exigir castigo para los autores intelectuales del crimen.

"Por las movilizaciones que se han hecho han capturado a ocho gatilleros, pero faltan los que dieron la orden para matarla: los empresarios de los proyectos hidroeléctricos de muerte", dijo Austra Flores (84 años), madre de la dirigente.

Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada la madrugada del 3 de marzo del 2016 por pistoleros que entraron a su casa, en la comunidad de La Esperanza.

Decenas de miembros de organizaciones sociales llegaron a La Esperanza el jueves, procedentes de distintas zonas del país para participar junto a familiares y miembros del Copinh en los actos conmemorativos.

"Demandamos ante todo que aparezcan los culpables intelectuales del crimen contra Berta", expuso el Copinh en una declaración en que exige que "el Estado hondureño asuma su responsabilidad" por la muerte de "quien no solamente desprotegió, sino que persiguió y criminalizó por su labor humanitaria".

Cáceres fue acusada por la Fiscalía de "portación ilegal de amas" y, en febrero del 2014, un tribunal le impuso la prohibición de salir del país.

Posteriormente se comprobó que el arma había sido colocada en su automóvil por policías para incriminarla, por lo que el juicio fue suspendido.

En el marco de la conmemoración, los miembros del Copinh y de otras organizaciones indígenas y de derechos humanos se reunieron este viernes en un centro social en La Esperanza para analizar la lucha de Berta y las consecuencias de los proyectos hidroeléctricos en la zona lenca, en el oeste del país.

Durante la noche, los participantes tenían planeda una vigilia en la casa de Flores.

Los actos de conmemoración finalizarán el sábado, cuando la dirigente y luchadora por los derechos humanos estaría cumpliendo 46 años.

Un mural en la ciudad hondureña de La Esperanza recuerda a Berta Cáceres, quien vivía allí.
Un mural en la ciudad hondureña de La Esperanza recuerda a Berta Cáceres, quien vivía allí.

Madre acusa. A los autores intelectuales "los tienen muy bien escondidos, pero más o menos se sabe quiénes son", afirmó la madre.

Flores responsabilizó de la muerte de su hija al gobierno, a los militares y a los grandes empresarios de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) que construían el proyecto Agua Zarca en el río Gualcarque.

"Esperamos que con toda la presión nacional e internacional los alcance el brazo de la Justicia y podamos derrocar a este gobierno y su poderoso ejército", expresó la mujer.

El Congresista demócrata estadounidense Hank Johnson, junto a otros 22 copatrocinadores, presentó un proyecto denominado Ley de Derechos Humanos en Honduras Berta Cáceres, encaminado a detener el financiamiento de organismos de seguridad del país centroamericano mientras no se castigue a los responsables del crimen.

El senador estadounidense Patrick Leahy emitió una declaración en la cual señaló que el asesinato pudo haber sido una operación de inteligencia militar y que debió haber sido cometido por "órdenes de arriba".

Resaltó que los autores intelectuales del homicidio todavía no han sido arrestados y pidió una investigación del Departamento de Estado sobre la formación estadounidense que habrían recibido dos de los sospechosos arrestados.

Desde hace un año, cuando Cáceres fue asesinada, otros siete defensores de la tierra han sido asesinados en Honduras, y 120 desde el 2010, según la no gubernamental organización británica Global Witness.

Tales cifras hacen de Honduras el país más mortífero del mundo para defensores del ambiente, afirmó la agrupación.

Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque había recibido amenazas de DESA por impedir, por medio de manifestaciones con los indígenas lencas, la ejecución de ese proyecto.

Entre los detenidos hay un empleado de DESA pero la empresa aseguró en un comunicado que "bajo ningún concepto es responsable" del crimen y "desde el primer momento ha estado a disposición de las autoridades, cooperando" con los requerimientos.