Madrid. Presionado por el auge de fuerzas antiseparatistas en España, el gobierno socialista abandonó su tono conciliador con los independentistas catalanes y amenazó con asumir la garantía del orden público si la región es incapaz de hacerlo.
Al frente de un Ejecutivo minoritario desde junio, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, venía realizando una labor de equilibrista, multiplicando sus gestos hacia los separatistas con la esperanza de obtener sus necesarios votos para aprobar los presupuestos del 2019.
Sin embargo, esta política conciliadora, denunciada con fuerza por la derecha, contribuyó a la debacle de los socialistas en las elecciones regionales andaluzas del 2 de diciembre.
El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, previno el lunes a las autoridades catalanas de que si la policía regional, los Mossos d'Esquadra, no ejerce "las funciones que constitucional, estatutaria y legalmente le incumben", las fuerzas de seguridad del Estado intervendrán.
Esta advertencia se produjo después de que el sábado los llamados Comités de Defensa de la República mantuvieran cortada durante 15 horas la autopista AP-7, que une la costa mediterránea española con Francia, sin que los Mossos intervinieran.
Posteriormente, el domingo, los activistas radicales de estos grupos creados para forzar la ruptura con España levantaron las barreras del peaje de dicha autopista.
Policía propia
Cataluña, el País Vasco y Navarra son las tres regiones autónomas españolas que disponen de su propia policía. En el resto, el orden está garantizado por la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Sin embargo, en la región catalana, los Mossos se encuentran entre dos fuegos. Por un lado, sus antiguos responsables esperan juicio acusados de haber participado en la tentativa de secesión de Cataluña en octubre del 2017.
LEA MÁS: Presidente de Cataluña llama a ir por la secesión, como lo hizo Eslovenia en 1991
Del otro lado, el presidente regional catalán, el independentista Quim Torra, que abiertamente alentó en octubre a sus "amigos" de los CDR a "apretar", reclamó la semana pasada cambios en la dirección del cuerpo policial tras choques violentos entre agentes y militantes de los CDR. Algo que finalmente el ministro catalán del Interior declinó hacer.
Con su amenaza de asumir el control del orden público en Cataluña, Madrid busca también garantizar el normal desarrollo de un consejo de ministros previsto el 21 de diciembre en Barcelona, que separatistas radicales han prometido paralizar con manifestaciones.
En el marco de la política nacional, Pedro Sánchez intenta recuperar la iniciativa en momentos en que la derecha lo acusa de ser rehén de los independentistas catalanes.
El discurso antiindependista brindó réditos a la derecha y a la ultraderecha en los pasados comicios en el feudo socialista de Andalucía, en lo que fue la primera prueba electoral desde la llegada de los socialistas al poder en Madrid.
Los llamados de la oposición a Sánchez para que tenga mano dura se reforzaron luego de que Torra exhortara el sábado a los catalanes a seguir el ejemplo de Eslovenia, que desató un conflicto que dejó 62 muertos al proclamar unilateralmente su independencia de Yugoslavia en 1991.
LEA MÁS: División entre independentistas pone en jaque al Gobierno de Cataluña
Un comentario, el de Eslovenia, que le valió este martes a Torra duras críticas de la ministra de Defensa española, Margarita Robles. "Quien no cumple sus obligaciones como responsable de gobierno y quien de alguna manera también favorece y alienta vías violentas es alguien que no está legitimado para ostentar ninguna responsabilidad política", dijo Robles a la prensa.
Oriol Bartomeus, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, comentó que “los resultados en Andalucía han reforzado el viraje a la derecha del electorado español”, y añadió que “la radicalización del panorama en Cataluña crea un escenario en el cual Sánchez se ve forzado a hacer algún gesto, para demostrar que el gobierno no está dispuesto a permitir una deriva de los CDR en Cataluña”.
No obstante, una ruptura total con los separatistas catalanes, a quienes necesita Sánchez para aprobar los presupuestos que quiere presentar en enero, pondría en peligro antes de lo previsto la sobrevivencia de su Ejecutivo.
“Si el tema con Cataluña se va agudizando, evidentemente no es posible mantener el calendario electoral”, que según muchos observadores incluye legislativas a más tardar en otoño, “y vamos a tener convocatoria electoral cuasi inmediata”, agregó Bartomeus.