Managua. El gobierno de Nicaragua aseguró que ya cumplió con el compromiso de liberar a todos los opositores presos al vencerse este martes el plazo para su excarcelación, pero la oposición reclama que quedan 89 detenidos por participar en las protestas contra el presidente Daniel Ortega.

Según el gobierno, todos los detenidos como parte de las protestas que estallaron en abril del 2018 fueron excarcelados el 10 y 11 de junio dentro de los 90 días establecidos para su salida de prisión.

"Todas esas personas gozan de libertad, con el compromiso de no repetición, según lo estipulado en la Ley de Amnistía", aseguró el gobierno en un comunicado.

El gobierno se había comprometido a ello en las negociaciones con el bloque opositor Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) para salir de la crisis generada por las protestas iniciadas contra una reforma de la seguridad social y que derivaron un movimiento para exigir la renuncia de Ortega, con saldo de 325 muertos y 62.500 exiliados, según grupos humanitarios.

Al menos 492 personas que estaban presas o en arresto domiciliario por apoyar las protestas fueron liberadas bajo una ley de amnistía aprobada el 8 de junio por el Parlamento, controlado por el Frente Sandinista de Ortega, un exguerrillero que gobierna desde el 2007 junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y a quienes la oposición acusa de corrupción y de perpetuarse en el poder.

Las autoridades “no han cumplido” con el acuerdo de liberar a todos los presos políticos, afirmó Carlos Tünnermann, jefe de la delegación de la ACJD en el diálogo. El gobierno alega que los aprehendidos que restan son delincuentes comunes.

Pero Tünnermann dijo que hay personas detenidas por razones políticas que fueron identificadas con nombre y apellido después de que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) concilió la lista de encarcelados con el gobierno y la oposición.

La Unión de Presos Políticos, por su lado, amenazó con realizar nuevas protestas a partir del miércoles si no se libera al resto de los detenidos.

Según el comunicado del gobierno, el Nuncio Apostólico Waldemar Sommertag y el enviado especial de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, "participaron acompañando y verificando como observadores de la liberación, conforme las listas consensuadas" con el CICR.

La liberación de los presos políticos era una de las principales demandas de la ACJD en el diálogo con el gobierno, mesa que abandonó tras la muerte –el 16 de mayo– de un opositor durante un violento disturbio en una cárcel.

Si el gobierno incumplió...

Analistas consideraron que un incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos asumidos con la oposición podría provocar la aplicación de sanciones por parte la Unión Europea (UE) y un endurecimiento de las medidas impuestas por Estados Unidos.

Los acuerdos incluían también el cese de las detenciones arbitrarias, la restitución del derecho a la protesta, reunión pacífica, libertad de expresión y la devolución de bienes confiscados a ONG y medios de comunicación.

“El gobierno tiene difícil demostrar que ha cumplido porque han habido nuevas detenciones, acosos, intimidaciones; la libertad de prensa está casi en su mínima expresión y los exiliados que vienen siguen siendo acosados”, declaró el analista Gabriel Álvarez.

Para el exdiplomático Édgar Parrales, el incumplimiento podría llevar a la UE a retirar a Nicaragua del Acuerdo de Asociación con Centroamérica, reducir o congelar la cooperación bilateral, establecer restricciones migratorias o imponer sanciones a funcionarios del gobierno.

“En los bancos de Europa esta gente (del gobierno) tiene dinero, tienen bienes inmuebles” que podrían ser afectados, agregó.

Recordó que entre el 21 y 22 de junio el Departamento de Estado de Estados Unidos debe informar al Congreso sobre la situación de los derechos humanos y corrupción en Nicaragua, en apego a la ley denominada Nica Act, aprobada en diciembre y que restringe el acceso a créditos de organismos multilaterales como represalia por la represión de las protestas.

“Si el gobierno no cumple, es posible que se endurezca la aplicación de la Nica-Act”, consideró el exdiplomático Mauricio Díaz.

Washington también impuso sanciones económicas contra Rosario Murillo, su hijo Laureano y otros cinco altos funcionarios, señalados de violación a los derechos humanos y corrupción.

Más sanciones agravarían la crisis en Nicaragua, cuya economía se contrajo un 3,8% el año pasado, según cifras oficiales, mientras que los gremios empresariales apuntan pérdidas de unos 450.000 empleos y el cierre de pequeños y medianos negocios.