EscucharEl Estor. Cientos de policías y militares se desplegaron este domingo en El Estor, un poblado indígena del noreste de Guatemala donde el gobierno declaró estado de sitio, un día después de que la Policía disolviera una protesta contra una minera suiza que dejó cuatro agentes heridos de bala. Las fuerzas de seguridad –unos 500 soldados y 350 policías– se abrieron paso, en camiones, patrullas e incluso en vehículos blindados, por las calles del caluroso poblado maya q’eqchi’, ubicado 315 kilómetros al noreste de la capital por carretera, observaron periodistas de la AFP.
Algunos vecinos de este municipio de 76.000 habitantes solo miraban, tratando de llevar su vida normal. Unos nadaban en las aguas del lago de Izabal que colinda con el poblado.
La orden del presidente Alejandro Giammattei, vigente por 30 días, limitará el derecho de manifestación, permitirá a las fuerzas de seguridad realizar detenciones sin orden de juez, establece un toque de queda entre las 6 p. m. y las 6 a. m., así como otras restricciones, detalló el decreto publicado en la gaceta oficial.
“En el municipio de El Estor (...) diversos habitantes y grupos armados han efectuado una serie de acciones que encuadran en indicios fundados de actos violentos y ataques contra las fuerzas de seguridad”, según el texto. El estado de sitio debe ser ratificado en los próximos días por el Congreso para que no pierda vigencia.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/L7BKGC2LZNDYRFMY63LYM6HSNQ.jpg)
Miembros del Ejército de Guatemala toman posición a su llegada al municipio indígena El Estor, luego de la declaración de estado de sitio, tras las protestas contra la Compañía Guatemalteca de Niquel -filial de Solway Investment Group-, en el noreste de Guatemala, el 24 de octubre del 2021. (JOHAN ORDONEZ/AFP)
Intimidación a opositores
El sábado, policías despejaron una carretera donde un grupo de indígenas se habían apostado desde el 4 de octubre “en resistencia” al denunciar que la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group, mantiene operaciones pese a que la justicia ordenó que fueran suspendidas, mientras el gobierno realiza una consulta comunitaria.
El grupo, que se opone a la minera por considerar que provoca daños ambientales, también denunciaba que el Ministerio de Energía y Minas no los había tomado en cuenta en el proceso que llevará al referendo.
En el operativo cuatro uniformados resultaron heridos de bala en las piernas, según un informe de la policía. Varios pobladores fueron afectados por los gases lacrimógenos que lanzó el escuadrón antimotín, precisó la prensa local. “Este estado de sitio obedece nada más para privilegiar y asegurar el trabajo de la minería”, dijo a la AFP Abelino Chub, uno de los líderes indígenas que se opone a la explotación minera en El Estor y quien adjudicó el ataque a los policías a “infiltrados” al movimiento.
Chub consideró que la limitación de derechos ciudadanos pretende atemorizar a la población que se opone a la empresa minera y alertó del recrudecimiento de la persecución y criminizalización contra los dirigentes de las organizaciones comunitarias contrarias a la empresa.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/5CWGOYBW5BDNFCFNXVPVH2PU2M.jpg)
Indígenas participan en una manifestación contra una empresa minera suiza en El Estor, Guatemala, el 22 de octubre del 2021. (NELTON RIVERA/AFP)
Licencia minera
“El estado de sitio se establece al considerar y determinar que (...) en El Estor (...) se han realizado acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes”, insistió el gobierno.
En junio del 2020, la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial del país, suspendió las operaciones de la CGN, iniciadas en 2014, al acoger el reclamo de comunidades indígenas que denuncian no haber sido consultadas sobre la explotación de minerales en su territorio.
La Corte precisó que el gobierno obvió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre consulta previa, libre e informada a los pueblos locales, además de incumplir con un estudio de impacto ambiental del área, por lo que ordenó realizar el referendo comunitario.
El gobierno, en un comunicado, aclaró que la suspensión solo abarca una de las licencias otorgadas a CGN, pero que “la planta procesadora y otros derechos mineros (...) no están relacionados con la resolución” de la CC “por lo que, actualmente, su operación está vigente y se considera apegada a la ley”.
