Fracasa propuesta para abrir un juicio político a presidente de Chile

Santiago. La Cámara de Diputados de Chile desechó la posibilidad de abrir un juicio político al presidente Sebastián Piñera, tras rechazar una acusación impulsada por parte de la oposición que responsabiliza al mandatario por las violaciones a los derechos humanos en casi dos meses de crisis social.

Con 79 votos a favor de la defensa del mandatario, con apoyo de algunos legisladores de la Democracia Cristiana y el Partido Radical -ambos de la opositora centroizquierda-, y 73 en contra, la cámara baja del Congreso puso fin a un proceso que tenía casi nulas posibilidades de lograr la destitución de Piñera.

Si hubiera avanzado, la acusación de fondo debía obtener dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados, lo que implicaba necesariamente que miembros de la propia coalición de gobierno votaran en contra del mandatario.

“Este escenario (de rechazo a la acusación) no está en sintonía alguna con lo que la ciudadanía está demandando y reclamando en las calles”, consideró la diputada Carmen Hertz, integrante del Partido Comunista, uno de los impulsores de la acusación.

Por su parte, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dijo que la votación "hace justicia, porque la acusación no tenía mérito".

Con 24 muertos, miles de heridos -más de 300 con lesiones oculares que en algunos casos provocaron ceguera parcial o total- la acción del gobierno y en especial de las fuerzas de seguridad han sido cuestionadas.

Organizaciones nacionales e internacionales de defensa a derechos humanos, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la OEA, han denunciado abusos de las fuerzas de seguridad y cuestionado los protocolos de Carabineros (Policía). En particular, han señalado el uso de perdigones y gases lacrimógenos.

El miércoles, el Senado aprobó una acusación constitucional contra el exministro del Interior Andrés Chadwick y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante cinco años por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas en las protestas.

Piñera lamentó la decisión parlamentaria que afectó a su primo, removido de su cargo diez días después del inicio de las revueltas junto a otros siete ministros, en el primer intento del mandatario por contener una crisis que continúa.

Aunque con menor intensidad respecto del estallido el 18 de octubre y las semanas posteriores, Chile aún transita la crisis social más profunda desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).