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La línea 2 del metro de ciudad de Panamá empezó a operar en abril del 2019. la obra la construyó la empresa brasileña Odebrecht. (Arnulfo Franco/AP)
Panamá. Los fiscales que investigan el escándalo de los sobornos entregados por la empresa constructora brasileña Odebrecht en Panamá pidieron una nueva prórroga para determinar si hubo pagos ilegales durante otros gobiernos en el país centroamericano, en medio de duros cuestionamientos sobre la actuación de la Justicia en ese y otros casos de corrupción de alto perfil.
La fiscala anticorrupción Zuleyka Moore presentó a inicios de setiembre un recurso ante un tribunal con el fin de revocar un fallo de mayo que rechazó la solicitud para que se diese más tiempo a las investigaciones. Los detalles del recurso apenas se conocieron esta semana.
“El derecho a la verdad es un derecho que le permite a la sociedad tener acceso a la información esencial para el desarrollo de su sistema democrático”, consignó Moore en un extenso recurso, extractos del cual conoció The Associated Press.
Fuentes del Órgano Judicial, que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar del caso, confirmaron a AP la recepción de la solicitud al tiempo que informaron que quedó en manos de la magistrada Olga Rujano.
Para la fiscala, una nueva prórroga le permitiría indagar a más personas y revisar órdenes de pago a decenas de empresas en el periodo 2006-2009 cuando gobernó el presidente Martín Torrijos -del partido político del actual mandatario Laurentino Cortizo- y durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014).
“Estas declaraciones juegan un papel fundamental en la investigación”, agregó Moore. “Dentro de las pesquisas adelantadas figuran personas que son testaferros que nos llevarán al beneficiario final”.
Hasta el momento, las investigaciones se han concentrado en el lapso 2010-2014 luego de la admisión de la constructora brasileña ante la Justicia estadounidense de que pagó sobornos por unos $59 millones a colaboradores y personas cercanas al gobierno de Martinelli.
En colaboración con sus pares de Brasil y Suiza, la Fiscalía afirma que logró presentar cargos contra 10 exfuncionarios y 72 particulares, entre ellos a los dos hijos de Martinelli, quienes están fuera del país. Odebrecht también accedió a un acuerdo de colaboración en agosto del 2017 y a pagar una multa al Estado panameño de $220 millones.
La prórroga también buscaría extender las investigaciones a posibles actos de corrupción en la administración de Juan Carlos Varela, que siguió a la de Martinelli, según fuentes de la fiscalía consultadas por AP.
Odebrecht se convirtió en el mayor contratista del Estado panameño en los últimos 13 años, al lograr obras durante tres gobiernos seguidos por más de 9.000 millones de dólares.
La fiscala general, Kenia Porcell, ha denunciado que existen presiones de sectores poderosos que buscan echar por tierra las investigaciones sobre los más sonados casos de corrupción en Panamá, incluido el de Odebrecht, que también salpicó a otras naciones latinoamericanas.
Pero la funcionaria también ha sido cuestionada duramente por quienes consideran que se ha resistido a investigar a la pasada administración de Varela, que la designó. Las críticas también se han dirigido a los jueces.
“Aquí en Panamá lo que se ve es una Justicia selectiva en casos de alto perfil y esto de Odebrecht lo veo como algo inaudito”, manifestó el analista panameño Ernesto Cedeño, doctor en Derecho de la Universidad Nacional del Rosario, Argentina. “El Ministerio Público dijo que esos acuerdos de pena y colaboración eficaz le ayudaron a fortalecer las investigaciones, pero no vemos qué persona de alto perfil esté presa, con sentencia en firme por virtud de un acuerdo de pena”.
