Brasilia. La corte suprema de Brasil determinó este jueves por 6 votos a 5 que las penas de prisión no pueden empezar a ejecutarse antes de agotar todos los recursos legales, una decisión que debería conducir a la liberación del expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Se desconoce por ahora cómo y cuándo se haría efectiva la excarcelación de Lula, quien desde abril del 2018 purga una pena de 8 años y 10 meses por corrupción, en aplicación de la jurisprudencia que determinaba que las penas deben empezar a cumplirse tras ser confirmadas solamente por un tribunal de segunda instancia.

La defensa del exgobernante anunció que pedirá su “liberación inmediata”. “Una vez que conversemos con Lula este viernes, llevaremos al juez de ejecución de penas un pedido para su liberación inmediata, con base en el resultado de ese juicio del Supremo Tribunal Federal (STF)”, informó el bufte Teixeira Martins en un comunicado.

Lula, de 74 años, purga desde abril de 2018 una pena de 8 años y 10 meses de cárcel, tras haber sido condenado en segunda instancia por corrupción y lavado de dinero.

El cambio de jurisprudencia debe llevar a las cortes a examinar la situación de 4.895 personas, entre ellas Lula. No todas podrían ser liberadas, porque los casos de mayor peligrosidad tendrían dictada prisión preventiva.

Lava Jato cuestionada

Esa revisión priva a la Operación Lava Jato, que reveló una trama de corrupción en Petrobras, de uno de sus instrumentos favoritos.

"La decisión de revertir la posibilidad de la prisión en segunda instancia está en disonancia con el sentimiento de repudio a la impunidad y con el combate a la corrupción, prioridades del país", expresaron los fiscales de Lava Jato en un comunicado.

La liberación de Lula no lo habilitaría electoralmente, dado que un condenado en segunda instancia no puede ser candidato hasta ocho años después de cumplir la sentencia. Pero el STF podría modificar también esa norma.

La organización Vem Pra Rua (VPR), muy activa en las movilizaciones que en 2016 condujeron a la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, cuestionó la integridad del presidente del STF, José Antonio Dias Toffoli, y convocó a marchas para el sábado en todo el país.

Lula fue condenado como beneficiario de un apartamento en el litoral de Sao Paulo, ofrecido por una constructora a cambio de contratos en la petrolera estatal.

Pero el exsindicalista niega los cargos y se considera un "preso político", víctima de una manipulación judicial para impedirle presentarse a los comicios presidenciales de 2018, en los que resultó elegido el ultraderechista Jair Bolsonaro.

Su postura ganó fuerza cuando Bolsonaro designó ministro de Justicia al juez Sergio Moro, emblema de Lava Jato y autor de la primera condena contra el expresidente (2003-2010).

El líder de la izquierda ve en esa designación una prueba de la parcialidad de Moro y exige la anulación del juicio.

El prestigio de Lava Lato se siguió erosionando con las filtraciones del portal periodístico The Intercept Brasil sobre conversaciones que parecen mostrar connivencias entre Moro y los fiscales de la investigación.