Washington. El boqueo de Estados Unidos a las aplicaciones chinas WeChat y TikTok desafía a la libre expresión digital y tiene ramificaciones para el ecosistema global de Internet, dicen analistas y expertos.

Invocando razones de seguridad nacional, el gobierno del presidente Donald Trump alegó que esas populares aplicaciones están sometidas a la “cooperación obligatoria con los servicios de inteligencia” de Pekín.

Pero para algunos críticos esos riesgos no son claros y alegan que a prohibición generalizada de plataformas genera preocupaciones sobre la capacidad del gobierno de regular la libertad de expresión garantizada en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

“Es un error pensar que esto es (solo) una sanción a TikTok y WeChat. Es un seria restricción a los derechos de la Primera Enmienda consagrados para los ciudadanos estadounidenses y residentes”, dijo Jameel Jaffer, director del instituto Knight First Amendment de la Universidad de Columbia.

Hina Shamsi, de la American Civil Liberties Union, admitió que la decisión genera interrogantes constitucionales y la tildó de “abuso de poderes de emergencia” por parte de Trump que crea más problemas de seguridad de los que realmente resuelve.

La prohibición que regirá desde el domingo prohíbe descargar TikTok, una red socia de videos que tiene más de 100 millones de usuarios en Estados Unidos, y WeChat, una aplicación china que, entre otros servicios, permite intercambiar mensajes, comprar, y pagar, y la cual utilizan 19 millones de personas en Estados Unidos.

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Las funciones de WeChat serían afectadas inmediatamente en cuanto rija su bloqueo aún cuando algunos de los servicios podrían seguir funcionando, dijeron funcionarios estadounidenses.

TikTok dejará de funcionar el 12 de noviembre, pero hasta entonces los usuarios estadounidenses no podrán descargar sus actualizaciones.

La medida eleva la presión sobre ByteDance, casa matriz de TikTok, para que llegue a un acuerdo con un socio estadounidenses que alivie las preocupaciones de Washington sobre la seguridad de los datos. Oracle, un gigante de Silicon Valley, está en conversaciones para operar TikTok en Estados Unidos.

Injerencia de gobiernos

Las prohibiciones estadounidenses generarían más grietas en el sistema mundial de Internet al permitir que los gobiernos puedan bloquear servicios a su antojo, según expertos.

“Es probable que la decisión de Trump fragmente aún más Internet”, manifestó Darrell West, director del centro de innovación tecnológica de Brookings Institution.

"Alentará a otros países a tomar represalias contra compañías estadounidenses y plantea sus propias preocupaciones de seguridad para empresas extranjeras. El resultado podría ser muchas internets diferentes basadas en el país de origen", añadió.

Adam Mosseri, ejecutivo de Instagram, propiedad de Facebook, dio cuenta de las mismas preocupaciones. “Una proscripción de Estados Unidos a TikTok sería bastante mala para Instagram, Facebook y, más ampliamente, para toda la Internet”, escribió en Twitter.

Mosseri agregó que “la mayoría de las personas que usan Instagram están fuera de EE. UU. al igual que la mayor parte de nuestro potencial crecimiento. Los costos de largo plazo...en países que hagan demandas agresivas y nos prohíban en la próxima década, superarán los de frenar actualmente a un competidor”.

TikTok y WeChat presentaron demandas judiciales contra las medidas estadounidenses.

Vanessa Pappas, jefa interina de TikTok, expresó que el desafío “es ciertamente mayor que TikTok.”

“Este momento tendrá un profundo impacto en nuestra industria y dará forma a la Internet de los próximos años”, tuiteó Pappas.

El profesor de derecho constitucional de la Universidad de Texas, Robert Chesney, estimó que las demandas enfrentan una batalla cuesta arriba ya que los tribunales normalmente admiten a los presidentes ejercer poderes de emergencia para imponer embargos.

Chesney dijo que hay elementos de la Primera Enmienda en las demandas, pero las prohibiciones relativas a transacciones comerciales de empresas tecnológicas aún están sujetas a revisiones de seguridad nacional.

“Tienen derecho a la libertad de expresión, pero eso no les da derecho a montar un negocio utilizando la infraestructura de Estados Unidos”, argumentó.