Washington y Managua. Estados Unidos impuso el martes sanciones económicas a la vicepresidente y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, y al asesor de seguridad nacional del presidente Daniel Ortega, Néstor Moncada, por su responsabilidad en abusos contra los derechos humanos y actos de corrupción, informaron autoridades.

El Departamento del Tesoro dijo que las medidas fueron tomadas de conformidad con un decreto del presidente Donald Trump, que declara una “emergencia nacional” para enfrentar la violenta respuesta del gobierno de Ortega a las protestas antigubernamentales que estallaron en abril, y que según grupos humanitarios dejan al menos 325 muertos.

“Esta administración está comprometida a responsabilizar al régimen de Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada que han llevado a la muerte de cientos de nicaragüenses inocentes y han destruido su economía”, expresó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, citado en un comunicado.

Estados Unidos está decidido a impedir que los funcionarios de Ortega accedan al sistema financiero estadounidense para obtener ganancias a costa del pueblo nicaragüense, subrayó.

“El presidente Trump está comprometido a presionar al régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, para restaurar la democracia y el Estado de derecho en el país”, puntualizó la Casa Blanca en un comunicado,en el cual reiteró el llamado a “elecciones libres, justas y anticipadas”.

Las sanciones emitidas contra Murillo y Moncada bloquean todos sus bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos, e impiden a personas y entidades estadounidenses hacer negocios con ellos.

Una alta funcionaria del gobierno de Trump declinó comentar sobre las propiedades o intereses de Murillo y Moncada en Estados Unidos, pero aseguró que la falta de acceso al sistema financiero estadounidense es un problema.

“No hay duda alguna de que esto va a tener un impacto significativo (...) Las instituciones financieras de todo el mundo prestan mucha atención a nuestras sanciones”, manifestó bajo condición de anonimato.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, destacó que “la vicepresidenta Murillo y sus operadores políticos buscaron sistemáticamente desmantelar las instituciones democráticas y saquear la riqueza de Nicaragua para consolidar su control sobre el poder”.

También hizo énfasis en el poder e influencia que ejerce Murillo sobre el aparato gubernamental y el FSLN.

Y, en cuanto a la Policía Nacional, denunció los vínculos de la institución con los grupos paramilitares que participaron en la represión de las protestas opositoras y que continúan hostigando a diversos sectores de la población y al periodismo.

“Los paramilitares de la Juventud Sandinista, armados y pagados por el FSLN, han sido implicados en graves abusos de derechos humanos relacionados con las protestas”, agregó aquella dependencia estadounidense.

Moncada, quien fue miembro de la Seguridad del Estado, es considerado un hombre leal a Ortega y Murillo, y el Departamento del Tesoro considera que actúa siguiendo órdenes de la vicepresidencia.

“Moncada desembolsó pagos para contrarrestar a los manifestantes en nombre de Ortega y Murillo”, añadió.

De acuerdo con el informe, “Moncada ha cometido actos de corrupción en nombre de Ortega y Murillo. En al menos un caso, Moncada trabajó con el presidente Ortega para encubrir la conducta sexual de Ortega con una menor”.

‘Política intervencionista’

Poco después, el gobierno de Ortega afirmó que las medidas anunciadas por Estados Unidos son una continuidad de la “política intervencionista” hacia la nación centroamericana.

“Rechazamos con contundencia la declaración y resolución que con carácter de orden ejecutiva emitió hoy (martes) el Gobierno de los Estados Unidos”, expresó en un comunicado.

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La administración Ortega, en el poder desde hace 11 años, consideró que las sanciones son “la continuidad histórica de la injerencia y la política intervencionista de la potencia imperial norteamericana contra Nicaragua”.

“Reclamamos con dignidad (..) el derecho inalienable a nuestra soberanía e independencia (..) somos una raza invicta, que no nos vendemos ni nos rendimos”, comentó el gobierno nicaragüense.

Tildó además de “irrespetuosas, falsas e ilegítimas todas las acusaciones que ratifican las perspectivas y prácticas imperialistas de los Estados Unidos de Norteamérica, y la condición servil y abyecta de los vendepatria criollos”, en alusión a la oposición.

El decreto y las sanciones contra Murillo y Moncada se conocen después de que el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, anunció en un discurso el 1.° de noviembre “acciones directas” del presidente contra lo que denominó la “Troika de la tiranía”, integrada por Nicaragua, Cuba y Venezuela.

“Esta acción envía una clara señal de que Estados Unidos no tolerará la explotación de las personas y los recursos públicos de Nicaragua para beneficio personal”, indicó la Casa Blanca, la cual subrayó que sigue firme en su determinación de contrarrestar “los regímenes corruptos y desestabilizadores” de esos tres países.

Otros sancionados

No es la primera vez que el gobierno de Trump impone ese tipo de medidas a funcionarios nicaragüenses después de la erupción de las manifestaciones que tenían como objetivo la renuncia del mandatario. Surgieron en abril como una protesta contra una reforma a la seguridad social impuesta por el gobierno de Ortega.

A principios de julio, el Departamento del Tesoro sancionó al entonces subjefe de la Policía Nacional, Francisco Javier Díaz, por “abusos a los derechos humanos y corrupción”.

En ese cargo, Díaz “se implicó en serios abusos a los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua, incluyendo asesinatos extrajudiciales”.

Díaz, quien es consuegro del mandatario, fue promovido por este a la dirección policial a finales de agosto y asumió el mando el 10 de setiembre.

También se vieron afectados el dirigente Fidel Moreno, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, gobernante), y José López Centeno, titular de la empresa de petróleos de Nicaragua Petronic.

Por las sanciones, eventuales activos que los tres posean en Estados Unidos resultan congelados.

En diciembre del 2017, Estados Unidos impuso iguales sanciones al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas.

Rivas abandonó la jefatura del CSE el 31 de mayo anterior.