AFP.   21 junio
Gustavo Porras,presidente de la Asamblea Nacional, engruesa la lista de sancionados por Estados Unidos.

Washington. Estados Unidos y Canadá sancionaron el viernes a funcionarios de Nicaragua cercanos al presidente Daniel Ortega, acusándolos de violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión estatal de las protestas antigubernamentales del año pasado, que derivaron en la actual crisis política.Las sanciones los marginan del sistema financiero internacional y congelan los bienes que pudieran tener en Estados Unidos y Canadá.

Las sanciones los marginan del sistema financiero internacional y congelan los bienes que pudieran tener en Estados Unidos y Canadá.

El Departamento del Tesoro estadounidense dijo que incluyó en una lista negra a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y principal asistente político de Ortega; a Orlando Castillo, director general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), y a los ministros de Salud, Sonia Castro, y de Transporte, Óscar Mojica.

Estas personas, afirmó, persiguieron a ciudadanos disidentes, promulgaron leyes represivas, silenciaron medios de comunicación y negaron atención médica al pueblo nicaragüense.

Canadá, por su parte, anunció medidas puntivas contra esos cuatro funcionarios, así como contra la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo; el hijo de ambos y asesor de inversiones del gobierno, Laureano Ortega; el consejero de seguridad del presidente, Néstor Moncada; el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, y el comisionado de la Policía Nacional de Nicaragua, Francisco Díaz.

Los cinco funcionarios no incluidos en el listado del Tesoro este viernes ya habían sido sancionados por Estados Unidos meses atrás.

Tanto Washington como Ottawa destacaron que no tolerarán lo que describieron como abusos “sistemáticos” del gobierno de Ortega contra el pueblo nicaragüense.

“Las violaciones de derechos humanos en Nicaragua no pueden continuar con impunidad. El gobierno de Nicaragua debe rendir cuentas por sus acciones y debe poner fin a la crisis actual a través del diálogo real con los grupos de la oposición”, dijo la canciller canadiense, Chrystia Freeland.

“Como destaca esta acción conjunta con Canadá, Estados Unidos y la comunidad internacional continuarán promoviendo la rendición de cuentas por aquellos que hacen caso omiso de los derechos humanos y fomentan la violencia en apoyo del régimen de Ortega”, anunció el Departamento de Estado estadounidense.

Laureano Ortega (derecha) recibió en julio del 2014, en Managua, al empresario chino Wang Jing, a quien Nicaragua dio en concesión la construcción de un canal interoceánico.

“Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco al presidente Ortega y a su círculo íntimo: apoyamos al pueblo nicaragüense en sus reclamos de reformas y retorno a la democracia”, dijo la subsecretaria del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, citada en un comunicado.

Washington instó al gobierno de Ortega a restaurar las libertades fundamentales y los derechos civiles, y a atender el clamor de los nicaragüenses por “elecciones anticipadas, justas y transparentes”.

Las nuevas sanciones a funcionarios nicaragüenses se producen un día después de que la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), acompañante del diálogo entre el gobierno de Ortega y la oposición, pidió la liberación de todos los detenidos por motivos políticos en Nicaragua, el cierre de todas las causas judiciales contra opositores y la restauración de sus derechos fundamentales.

Al cumplirse un plazo previamente acordado de 90 días, el gobierno de Ortega excarceló a todos los prisioneros incluidos en una lista consensuada. Pero la oposición asegura que al menos otras 84 personas permanecen tras las rejas.

Alrededor de 600 prisioneros han sido transferidos a un régimen de arresto domiciliario desde febrero.

Nicaragua se vio sacudida por una ola de protestas antigubernamentales que estalló en abril del 2018. Las manifestaciones, que derivaron en reclamos por la salida de Ortega y la realización de elecciones anticipadas, desataron una violenta represión estatal que causaron 325 muertos, centenares de detenidos y más de 62.000 exiliados, según organismos de derechos humanos.