AFP y Redacción. 12 diciembre, 2018
Policías antidisturbios resguardaron la sede de la ONU en Managua, el 10 de diciembre del 2018, hacia adonde pretendía llegar una manifestación en demanda de respeto a los derechos humanos.
Policías antidisturbios resguardaron la sede de la ONU en Managua, el 10 de diciembre del 2018, hacia adonde pretendía llegar una manifestación en demanda de respeto a los derechos humanos.

Washington y Managua. La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó el martes la NICA Act, una ley cuyo propósito es limitar el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales, y el presidente Donald Trump tiene ahora diez días para firmarla.

Con el visto bueno de la Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua (NICA Act) concluye un largo tránsito por el Congreso estadounidense, con algunas enmiendas.

El proyecto de ley había sido aprobado por unanimidad por el Senado el 27 de noviembre, con una enmienda del demócrata Bob Menéndez, por lo que debió volver a consideración de la Cámara de Representantes.

La legislación apunta a condicionar la aprobación de Washington a los préstamos que el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, pida a instituciones financieras internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.

El otro componente de la NICA Act se refiere a las sanciones a personas vinculadas directamente con el gobierno y que han participado en violaciones de derechos humanos o en abusos de autoridad, explicó Manuel Orozco, experto del centro de análisis Diálogo Interamericano.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía nicaragüense sufrirá una contracción del 4% en el 2018 después de haber registrado un crecimiento de 4,9% en el año anterior.

“El objetivo de la presión internacional es que el gobierno se siente a negociar”, estimó Orozco, quien explicó que las sanciones muchas veces tienen impactos diferidos.

Las protestas antigubernamentales, que han dejado al menos 325 muertos según grupos humanitarios, y 198, de acuerdo con las autoridades, se iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma al seguro social y evolucionaron hacia un movimiento para pedir la salida de Ortega, un exguerrillero a quien sus críticos acusan de instalar una dictadura junto con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, impulsora de la iniciativa, indicó que con la aprobación “el Congreso dio un salto adelante para responsabilizar a Ortega y sus títeres por los abusos cometidos”.

Para Ros-Lehtinen, la primera cubana-estadounidense elegida al Congreso, “Estados Unidos ha respondido al llamado del pueblo nicaragüense y continuará haciéndolo en apoyo de las necesarias reformas electorales y de derechos humanos”.

Semanas atrás explicó que el objetivo de fondo de la ley es que ninguna nación sea “cómplice en permitir que Ortega use dinero internacional para subsidiar sus tácticas represivas”.

Torniquete a Ortega

“La aprobación de la NICA Act muestra que el Congreso de Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados mientras el régimen de Ortega continúa su campaña dictatorial de ejecuciones extrajudiciales y de represión contra el pueblo de Nicaragua”, manifestó el senador Bob Menéndez.

Para Orozco, este tipo de sanciones “lo que hace es decirle a la comunidad internacional que este es un país que no está en congruencia con las normas internacionales de democracia y de derechos humanos”. Estas sanciones apuntan a “generar ese punto de transición que necesita un país como Nicaragua”, agregó el experto.

Según consignó la revista Confidencial en su edición digital, la Nica Act obliga a que, en un plazo de 180 días posterior a su aprobación, el secretario de Estado, Mike Pompeo, presente a los comités del Congreso correspondientes un informe sobre la participación de altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción significativa y lavado de dinero.

Esta posible responsabilidad atañe a funcionarios del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y el sistema judicial.

La vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, fue sancionada en noviembre por Estados Unidos. El 19 de julio del 2018 acompañó al presidente y su esposo, Daniel Ortega, a conmemorar los 39 años del derrocamiento de la dictadura somocista.
La vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, fue sancionada en noviembre por Estados Unidos. El 19 de julio del 2018 acompañó al presidente y su esposo, Daniel Ortega, a conmemorar los 39 años del derrocamiento de la dictadura somocista.

El excanciller nicaragüense Norman Caldera consideró que el voto de esa legislación “es un golpe devastador” para el gobierno de Ortega. “Difícilmente se puede seguir recibiendo más presión. Esta es una olla de presión a la que no solo le estás aumentando el calor, sino que la presión todos lados”, declaró a Confidencial,

Se refería a las sanciones económicas que la administración Trump impuso en noviembre a la vicepresidenta Murillo y al asesor de seguridad nacional, Néstor Moncada. Entonces, Washington indicó que esas medidas tenían como fin “responsabilizar al régimen de Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada que han llevado a la muerte de cientos de nicaragüenses inocentes”.

Este miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que negará la entrada al país a Roberto José Rivas, expresidente del Consejo Supremo Electoral. Rivas también recibió sanciones económicas en diciembre del 2017.