Política

Estado de Nicaragua ausente en audiencia de Corte IDH

Familiares de cinco opositores detenidos pidieron ante jueces una prueba de vida de sus parientes, ya que desde que fueron arrestados no tienen información sobre cómo se encuentran

Managua. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en Costa Rica, realizó la audiencia pública de supervisión de medidas provisionales en favor de cinco opositores detenidos en Nicaragua, sin la presencia del Estado de Nicaragua, el cual no asistió a la sesión convocada por el tribunal internacional.

“En el presente caso, ante la no comparecencia del Estado en la audiencia, lo cual lamentamos mucho, se dará el uso de la palabra a los representantes de los beneficiarios”, señaló la jueza Elizabeth Odio, presidenta de la Corte IDH.

A raíz de esto, los representantes de Juan Sebastián Chamorro, José Aguerri, Félix Maradiaga, Violeta Granera y Tamara Dávila, actualmente detenidos, tomaron la palabra para expresar su preocupación sobre las condiciones en las que se encuentran los opositores desde que fueron arrestados por orden del régimen de Daniel Ortega.

La primera en declarar fue Vilma Núñez, abogada y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en representación de Dávila. Junto a ella también estaban los familiares de los detenidos.

“La ausencia del Estado en esta audiencia reafirma el incumplimiento a estas medidas y su obligación de informar a la Corte el paradero y situación de las personas beneficiarias, así como aportar pruebas que respalden sus inexactas afirmaciones. El Estado descalificó y desconoció a esta honorable Corte y sus representantes”, expuso la abogada.

El 24 de junio, la Corte solicitó al Estado nicaragüense que procediera con la “liberación inmediata” de Chamorro, Aguerri, Maradiaga y Granera. Además, lo instó a tomar medidas de forma urgente para proteger la integridad de los opositores.

Posteriormente, el 19 de julio, el tribunal solicitó al país que le brindara beneficios de la misma índole a Tamara Dávila y su familia.

Ninguna de estas dos medidas fueron acatadas por Nicaragua y actualmente los opositores se mantienen detenidos, sin poder contactarse con sus allegados.

Incluso, según lo expuesto por Núñez, los cinco opositores fueron acusados por el Ministerio Público este jueves 26 de agosto por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

“En un evidente desafío a la resolución de esta Corte y frente a la inminencia de esta audiencia, acusaron a los beneficiarios de estas medidas por este delito, decretando prisión preventiva y prolongando con ello la privación arbitraria de su libertad”, manifestó Núñez.

“El Estado continúa sin informar de manera oficial el paradero de los beneficiarios y ocultando las condiciones en las que se encuentran, la absoluta incomunicación continúa, se sigue impidiendo que sean vistos por sus familiares y representantes legales”, añadió.

Los familiares de los opositores detenidos expusieron sus testimonios ante los jueces de la Corte Interamericana y exigieron al Estado de Nicaragua una prueba fehaciente de que sus parientes están con vida.

“Mi marido Félix fue secuestrado por la Policía Nacional el 8 de junio del 2021 al salir de una entrevista de la Fiscalía, desde entonces no sabemos absolutamente nada. Solicitamos una prueba de vida, porque tiene 80 días de estar desaparecido e incomunicado”, expresó Bertha Valle, esposa de Maradiaga, quien tuvo que salir del país junto con su hija de 8 años y su suegra.

La siguiente persona en declarar fue Carolina Jackson, hija de José Aguerri, quien aseguró que su padre es un “nicaragüense comprometido con su país, y hoy es un desaparecido político más, otra víctima de la represión, por disentir en su forma de pensar y expresar su posición hacia el gobierno de Ortega”.

“La noche en el que el régimen lo detuvo arbitrariamente fue la última vez que supimos de él, nuestras solicitudes de visitas han sido negadas sin ninguna explicación, estos 80 días han sido muy duros para la familia, han sido largos y llenos de temor y dolor”, relató Jackson.

Prosiguió Javier Hidalgo, hermano de Tamara Dávila. Javier narró que la última vez que vieron a Tamara fue en la noche del sábado 12 de junio cuando los policías la detuvieron de manera arbitraria en su casa.

“Van 76 días desde la última vez que la vimos, mi sobrina ha sufrido terriblemente al no poder escuchar, ver o hablar con su mamá. 76 días y noches son devastadoras, pregunta constantemente dónde está su mamá, incluso ha llegado a preguntar si está muerta”, enfatizó Hidalgo.

Julio Sandino, hijo de Violeta Granera, declaró en representación de su mamá y dijo con la voz entrecortada que siente un profundo dolor de no poder llevarle ni agua a la cárcel del Chipote, donde en teoría se encuentra detenida. Sandino mencionó que su madre tiene 80 días de estar privada de libertad y 77 de desaparecida.

Finalmente, Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, aseguró que su vida cambió por completo tras la detención de su pareja. “Desde hace 80 días no hemos tenido ningún contacto con él, la Policía allanó cada rincón de nuestra casa y se llevaron lo que quisieron”, afirmó.

“Después de la desaparición de Juan no pude quedarme en casa, mi vi obligada a huir de Nicaragua junto con mi hija. Quiero enfatizar que no sabemos absolutamente nada de él”, agregó.

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, realizó una intervención en la audiencia, en la que instó a la Corte IDH a reiterar al Estado de Nicaragua su deber de implementar las medidas provisionales.

“Pese a la seriedad de la situación de las personas beneficiarias, el Estado no ha proporcionado ninguna información concreta sobre sus condiciones actuales de detención o paradero exacto, ni de las medidas tomadas para proteger sus derechos en riesgo, al contrario, el Estado no está acá y ha persistido en su detención y en la total incomunicación de estas personas”, aseveró Urrejola.

Asimismo, criticó las diferentes acciones tomadas por el régimen, como la aprobación de normativas penales ambiguas, utilizadas para defender los intereses de Ortega.

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