AFP. 4 marzo
La ministra del Interior, Priti Patel (izquierda) escuchaba al primer ministro, Boris Johnson, durante una sesión de preguntas a este en la Cámara de los Comunes, el miércoles 4 de marzo del 2020.
La ministra del Interior, Priti Patel (izquierda) escuchaba al primer ministro, Boris Johnson, durante una sesión de preguntas a este en la Cámara de los Comunes, el miércoles 4 de marzo del 2020.

Londres. Menos de tres meses después de su aplastante victoria electoral, el primer ministro británico, Boris Johnson, intenta salvar el puesto de su ministra del Interior, enzarzada en un escándalo de acoso laboral que puso de manifiesto importantes tensiones dentro del ejecutivo.

Acusada de injuriar a sus colaboradores y bajo el efecto de una estrepitosa dimisión y una demanda judicial, la titular de Interior, Priti Patel, ha sido llamada a renunciar por haber maltratado presuntamente a su personal actual y pasado cuando estaba a cargo del desarrollo internacional en el gobierno de Theresa May.

Esta tormenta podría limitarse a un choque de personalidades si no tuviera lugar en el marco de las difíciles relaciones entre el gobierno y altos funcionarios públicos cuya oposición al brexit ha puesto en el punto de mira del temido asesor del primer ministro Dominic Cummings.

Ella lo niega todo rotundamente.

El miércoles, Johnson ofreció su total respaldo a Patel, que hizo campaña a su lado en el referendo del 2016 por la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

La ministra está haciendo un "trabajo extraordinario", dijo el líder conservador ante los diputados.

Pero las acusaciones en su contra se multiplican y bajo la presión Johnson inició una investigación interna.

El escándalo estalló con la estrepitosa dimisión el sábado del más alto funcionario de Interior, Philip Rutnam, quien acusó a Patel de filtrar a la prensa informaciones "viciosas" en su contra después de que él expresase preocupación por su comportamiento.

“Según las acusaciones que he recibido”, Patel “ha gritado e insultado, ha denigrado a la gente y ha hecho demandas irrazonables y repetidas”, afirmó Rutnam.

También anunció que pensaba demandar al gobierno por presionarlo para que dimitiera.

Estas acusaciones fueron desmentidas por Patel, cuyos asesores denunciaron "fuerzas oscuras" que tratan de socavar su autoridad.

Señalaron así informaciones de prensa según las cuales los servicios de inteligencia británicos no confían en ella, lo que estos desmintieron.

En opinión de Alex Thomas, del centro de reflexión Institute for Government, este caso muestra un “deterioro extremo y extraordinario de las relaciones en la cima” del Estado.

“El Ministerio del Interior es el escenario perfecto de una serie de circunstancias, con diferentes personalidades y un programa particularmente difícil que llevó a la confrontación”, consideró.

En este contexto, “será muy difícil, sino imposible, poner en práctica todo lo que hay que hacer en los próximos 12 meses”, manifestó el experto.

El Ministerio del Interior debe cumplir dos de las promesas de campaña de Johnson: reclutar 20.000 agentes de policía adicionales y poner en marcha un nuevo sistema de inmigración por puntos tras el brexit.

Tensiones

Las tensiones se extienden más allá del ministerio del Interior y afectan también a las relaciones entre Downing Street y los funcionarios del gobierno, que están obligados a permanecer neutrales.

Cummings, consejero especial de Johnson y gran artífice de la victoria del brexit en el referendo del 2016, ha dejado clara su intención de sacudir un sistema que considera entumecido.

En febrero, la prensa británica afirmó que el gobierno había elaborado una lista de altos funcionarios -incluido Philip Rutnam- a quienes quería reemplazar porque no estaban en su misma sintonía.

Patel goza de un fuerte apoyo entre los diputados conservadores, muchos de los cuales criticaron durante mucho tiempo a los funcionarios por tratar de sabotear el brexit.

Aunque desde el 31 de enero el Reino Unido ya no forma parte de la UE, algunos de ellos todavía sospechan que estos tratan de impedir que el país forje una plena independencia.

"Los funcionarios son funcionarios de la Corona y (...) realmente tienen que llevar a cabo la voluntad del pueblo", insistió el diputado conservador Bill Cash.

Pero el enfoque de Cummings no agrada a todos en el gobierno: el ministro de Finanzas Sajid Javid dimitió en febrero como protesta por no poder designar él mismo a sus asesores.