AFP.   24 enero
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). José Adán Aguerri, se refirió -este jueves 24 de enero del 2019- a la negativa de la Policía de autorizar una marcha. A su derecha, Michael Healy, líder del sector agropecuario.

Managua. La cúpula empresarial nicaragüense rechazó este jueves una acusación “infundada” de ser golpistas, usada como argumento por la Policía para negarles permiso de realizar una marcha en la capital.

“Exigimos que de forma inmediata se retiren las acusaciones infundadas” de la Policía que “nos acusa de una serie de actividades absurdas, que rechazamos enérgicamente”, expuso la patronal en un comunicado leído en rueda de prensa.

La declaración se produjo un día después de que la Policía negó permiso a los empresarios para realizar una marcha al señalar que “no autoriza ni autorizará movilizaciones o marchas públicas a personas, asociaciones o fundaciones que promovieron, instaron o participaron en el fallido golpe de Estado”.

La Policía agregó que los dirigentes del sector privado actuaron de forma “delictiva contra la Constitución, pretendiendo cambios constitucionales a través de la violencia y el terror”.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Aguerri, emplazó a la Policía a probar sus acusaciones."Si ellos dicen que somos golpistas, que demuestren que lo somos. Estamos aquí presente, no nos estamos yendo (del país), no estamos actuando al margen de la ley", declaró a periodistas.

Aunque la movilización fue suspendida por “prudencia” y “seguridad”, según los empresarios, en la capital se observó este jueves un fuerte despliegue de policías antimotines armados en las carreteras, áreas próximas a universidades y centros comerciales.

A unos 200 metros de la sede del Cosep, en el sur este de Managua, donde se realizaba la conferencia de prensa, estaban emplazados unos 50 antimotines.

Los empresarios nicaragüenses tomaron distancia del presidente Ortega, con quien tenían una alianza, tras el estallido de las protestas antigubernamentales el 18 de abril, y se sumaron a la coalición opositora que exige un adelanto de las elecciones.

Las protestas comenzaron contra una reforma al seguro social, pero se transformaron en una demanda para la renuncia de Ortega.

La represión desatada contra los manifestantes ha dejado al menos 325 muertos, más de 700 detenidos y miles de personas refugiadas en países vecinos, según organismos de derechos humanos.