Política

El porqué de protestas contra reformas a Constitución de Panamá

Las modificaciones las impulsa el gobierno del presidente Laurentino Cortizo

Panamá. El gobierno del presidente panameño, Laurentino Cortizo, que asumió hace cuatro meses, enfrenta en las últimas semanas incesantes protestas lideradas por estudiantes universitarios que piden que se retiren del debate en el Congreso una serie de reformas a la Constitución por considerarlas parches, excluyentes y discriminatorias.

Los manifestantes cuestionan que los cambios se ventilen en un órgano legislativo altamente desprestigiado por escándalos de corrupción y arrecian los llamados de varios actores del sector jurídico para que el gobierno llame a una Asamblea Constituyente que dote al país centroamericano de una nueva Ley Fundamental.

Aquí un vistazo sobre el objetivo de las reformas y el porqué del movimiento en su contra.

Cortizo envió las reformas a la Asamblea Nacional -dominada por su partido político- poco después de asumir la presidencia, el 1.° de julio, para un periodo de cinco años. Sostiene que una promesa de su campaña fue impulsar cambios constitucionales y para ello tomó un documento que habían trabajado desde hace años una veintena de sectores agrupados en una llamada Concertación Nacional.

A diferencia de otras iniciativas que pedían una Asamblea Constituyente u otros métodos para hacer los cambios, Cortizo optó porque que fuese la legislatura elegida en los pasados comicios la que debata las reformas en dos legislaturas para luego someterlas a un referendo.

El objetivo de las reformas, que incluyen casi un centenar de nuevos artículos en materia de educación, seguridad social, descentralización, asuntos indígenas y justicia, es lograr -según sus impulsores- un mejor equilibrio entre los poderes del Estado al considerar que la actual Carta Magna, que data de 1972, en dictadura militar, es demasiado presidencialista.

Los cambios, los primeros que se debaten en 15 años, buscarían mejorar la cuestionada administración de justicia por medio de la creación de un Tribunal Constitucional, a la vez que limita la reelección de los legisladores y establece que el 6% del producto interno bruto (PIB) se utilice en educación. Actualmente solo se destina el 1% o un poco más del PIB.

Según la propuesta, el Tribunal Constitucional se encargaría -entre otras funciones- de procesar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y le quitaría esa función al Poder Legislativo. La reelección de los legisladores, ahora ilimitada, solo se permitiría por una vez.

Los primeros en lanzarse a las calles fueron los estudiantes, profesores y administrativos de la Universidad de Panamá que realizaron una marcha de decenas de miles de personas quienes lograron que el Poder Legislativo diera marcha atrás con algunas modificaciones que, según ellos, quitaban a ese centro público -el más importante del país- facultades de fiscalización en la enseñanza superior.

Pero en los días siguientes se sumaron estudiantes de otras universidades, incluso privadas, así como grupos activistas por la diversidad sexual, gremios, políticos independientes y de izquierda que exigieron el retiro de las reformas y que se impulse un proceso más amplio y participativo.

“Protesto por lograr que se hagan unas reformas igualitarias para todos los grupos”, dijo a The Associated Press durante una reciente protesta una estudiante universitaria que solo se identificó como Michelle, de 24 años, que enseñaba una pancarta con la frase “Respeta mi Constitución” con el dibujo de una rata al lado. “Son necesarias hacerlas, pero que sean justas y que vean por el beneficio del pueblo y no de los gobernantes”.

De todas maneras, el Poder Legislativo logró avanzar en el debate y aprobó las reformas en una primera instancia, incorporando incluso varios artículos que según los analistas darían a los legisladores mayores poderes en asuntos de justicia y economía.

Esta semana abrió un periodo de diálogo, al igual que la Asamblea Nacional, que estaba dando cortesía de sala a estudiantes, representantes indígenas y activistas por la diversidad sexual para que expusieran sus argumentos. La mayoría exigía que las reformas sean retiradas.

Cortizo, basado en una serie de recomendaciones de un equipo de juristas, dijo que buscará la eliminación o modificación de una serie de artículos polémicos incorporados por los legisladores, entre ellos, que permitirían alterar el presupuesto general de la nación, nombrar un fiscal especial para investigar a los procuradores y censurar a los ministros con posibilidad de destitución.

El Ejecutivo también rechazó una modificación sobre el matrimonio, que establecía el reconocimiento solo de la unión hombre y mujer, recomendando que se deje el articulado del matrimonio tal como está en la actual Constitución, que entre otros puntos manifiesta que es el fundamento legal de la familia.

De momento no hay un consenso ni respaldo legislativo para incorporar en las reformas el matrimonio igualitario, como demandan activistas.

“Busquemos la manera de unir fuerzas, dejar al país una mejor Constitución”, pidió Cortizo el viernes tras reunirse con miembros de la Concertación Nacional.

Las reformas deben ir nuevamente a debate a inicios del próximo año, siempre que el rechazo en las calles no frene su avance.

“Las reformas son insanas, incongruentes e inconsultas”, insiste Miguel Antonio Bernal, profesor de Derecho en la Universidad de Panamá y uno de los principales activistas a favor de la Constituyente.

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