Santiago. El Ejército chileno anunció este viernes la remoción de 21 generales, en un masivo cambio del alto mando que marca un nuevo sismo en la institución, en medio de una investigación por un millonario fraude por parte de oficiales.
El retiro de los generales se resolvió "atendiendo a diversas consideraciones que comprenden la renuncia voluntaria, el término de la carrera militar, la evaluación de la gestión y las necesidades institucionales", explicó el Ejército en un comunicado, sobre el mayor cambio del alto mando militar de los últimos años.
En total, en torno al 45% de los altos mandos han sido apartados y ya han sido sustituidos, según el comunicado del Ejército.
Las remociones de los generales, que en la mayoría de los casos tenían por delante varios años más en sus cargos como jefes de divisiones, se producen a semanas de que la justicia militar procesara al segundo mando del Ejército, el general John Griffiths.
El procesamiento de Griffiths se dio en el marco del llamado “Milicogate”, una megacausa que investiga desde hace dos años a una red de uniformados y civiles por apropiación indebida de millonarios fondos –derivados de la ley reservada que entrega a las Fuerzas Armadas el 10% de las ventas de cobre de la cuprífera estatal Codelco– utilizados para viajes.
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El militar está siendo investigado por orquestar maniobras con dineros públicos para usar a su favor y el de otros oficiales.
Esta tarde, el ministro de Defensa, Alberto Espina, aclaró que “sería incorrecto e injusto deducir que todos los generales llamados a retiro están involucrados en los hechos investigados por la Justicia”.
Sin embargo, reconoció que uno de los motivos de su paso a la reserva podría ser la investigación que intenta limpiar al Ejército de los implicados en maniobras fraudulentas, como la compra de pasajes a agencias compinchadas con ellos, que les "vendían" los más caros y después los devolvían comprándose otros más baratos para embolsarse la diferencia.
En las agencias de viaje implicadas trabajaban familiares cercanos.
Asimismo, la Fiscalía de Aysén investiga el presunto desvío de recursos del Fondo de Ayuda Mutua del Ejército (FAM), en Coyhaique, destinado a pagos indebidos a funcionarios en ejercicio y en retiro, una práctica que se remonta al 2011 y que habría producido un desvío de cerca de $4,4 millones.