EscucharQuito. Los ecuatorianos rechazan aplicar la extradición como mecanismo para combatir la criminalidad, de acuerdo con resultados preliminares del referendo tras el conteo de más del 40% de los votos, informó el lunes el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Con 42,35% de los votos de la consulta que se realizó el domingo, el No a la entrega de ecuatorianos a otros países lograba un 53,82% de los votos válidos frente a 46,18% del Sí, según el CNE, que tiene diez días para dar el cómputo total.
Una encuesta de la empresa Cedatos cerrada el sábado y cuyos datos fueron divulgados por varios medios tras concluir la votación el domingo arrojó un 66% a favor del Sí.
La extradición está prohibida en Ecuador desde hace ocho décadas.
En paralelo a la elección de unas 5.700 autoridades locales como alcaldes, los ecuatorianos se pronunciaron en las urnas sobre reformas constitucionales planteadas por el presidente de derecha Guillermo Lasso, en el poder desde mayo de 2021.
El impopular mandatario, que ante la falta de resultados oficiales suspendió una declaración el domingo por la noche, impulsa la extradición de ecuatorianos involucrados en delitos del crimen organizado transnacional como el narcotráfico y la corrupción.
El objetivo no declarado del gobierno es la entrega de narcos a Estados Unidos, donde suelen permanecer presos muchos años. El vecino Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, aplica esta medida desde la década de 1990.
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Con 42,35% de los votos de la consulta que se realizó el domingo, el No a la entrega de ecuatorianos a otros países lograba un 53,82% de los votos válidos frente a 46,18% del Sí, según el CNE (RODRIGO BUENDIA/AFP)
El lento conteo de votos del referendo deja ver que los ecuatorianos también se oponen a las otras siete preguntas propuestas por Lasso, un exbanquero que sostiene una guerra contra el narcotráfico, que derivaron en los últimos años en altos índices de criminalidad.
El gobernante también planteó la reducción del número de diputados, ahora de 137; controles a cientos de movimientos políticos, algunos bajo sospecha de ser parte del narcotráfico; la incorporación de los sistemas hídricos a las áreas protegidas, para luchar contra la minería ilegal; y la entrega de compensaciones para quienes protejan el medioambiente.
El Congreso tendrá un año para implantar los cambios constitucionales que sean aceptados mediante el referendo.
