Buenos Aires. El movimiento feminista argentino no se quedará de brazos cruzados. Pese a que el Senado rechazó un proyecto para legalizar el aborto, continuará la lucha que ha inspirado a otras mujeres de Latinoamérica.

Las integrantes de la Campaña Nacional Por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito han estado más cerca que nunca de conseguir la legalización del aborto en la tierra natal del papa Francisco y, pese al revés sufrido el jueves, piensan mantener la demanda en la agenda política y movilizarse en las calles para que su reclamo no se olvide.

Marina Cardelli, una docente de 32 años y miembro de Oleada Feminista, dijo a The Associated Press que la derrota no es tal. “Ganamos porque el movimiento social ya está instalado... porque logramos ver que somos fuertes y que el aborto va a ser legal; si no es mañana, el año que viene, o el otro”.

Gustavo Bayley, un tatuador de 43 años que se manifestó a favor del aborto frente al Congreso, afirmó que “la mujer viene ganando nuevos espacios y los hombres venimos aprendiendo de los espacios que reclaman”.

Por 38 votos en contra y 31 a favor los senadores rechazaron el proyecto que los diputados habían aprobado el 14 de junio. El presidente Mauricio Macri había anunciado su disposición a promulgar la ley en caso de que fuera aprobada pese a los pedidos de la Iglesia católica y grupos de médicos conservadores de que la vetara.

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El aborto seguirá en la agenda política también merced a un proyecto de reforma del Código Penal que contempla la eliminación de las penas de cárcel para las abortistas y con el que el gobierno busca apaciguar al movimiento feminista.

"Esto recién empieza, no podrán detener la marea feminista que vino a cambiar Argentina. Más temprano que tarde será ley", escribió en Twitter la diputada Victoria Donda, una de las impulsoras del proyecto en el Parlamento.

El Ejecutivo lo enviará el 21 de agosto a la Cámara Alta como una vía intermedia entre las posturas a favor y en contra que han dividido profundamente al país.

"Vamos a seguir peleándola, vamos a tener que seguir poniendo el lomo, como hacemos hace un montón de años", dijo Sofía Spinelli, de 26 años, que marchaba junto a su agrupación política Marabunta.

Para Spinelli, "se vivieron jornadas históricas porque antes éramos muchas pero nunca tantas. En la calle ganamos pero la representación política no es fiel a lo que pasa en la calle", se lamentó.

Para las más jóvenes fue su primera lucha pero también su primera derrota. Muchas lloran. Indignación y bronca, dicen.

La iniciativa propondrá, entre otras cosas, que un juez pueda eximir de pena a la mujer que aborte, que según el Código Penal puede llegar a recibir cuatro años de prisión.

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Hasta ahora el aborto solo está permitido en caso de violación y riesgo para la vida o salud de la embarazada. Sin embargo, el primero no se cumple en todo el país.

Otras luchas en la región

Activistas estiman que desde 1983 más de 3.000 mujeres murieron en Argentina por abortos clandestinos realizados con métodos rudimentarios. El Ministerio de Salud estimó en el 2016 que en el país se realizaban hasta medio millón de abortos clandestinos cada año.

La ola verde, el color que identifica a las abortistas, se ha expandido y envuelve a otras mujeres de la región.

Ima Guirola, del Instituto de Estudios de la Mujer de El Salvador, dijo a AP que la actitud del Senado argentino “es un revés” aunque aclaró que “seguimos adelante con la discusión (de) la despenalización del aborto”.

Junto con Nicaragua, Honduras y República Dominicana, El Salvador prohíbe el aborto sin excepciones. La legislación salvadoreña penaliza incluso el aborto terapéutico y las mujeres y los médicos que realizan la práctica pueden recibir penas de dos a ocho años de cárcel.

Los pro aborto han presentado al Congreso salvadoreño un proyecto de reforma del Código Penal para la despenalización cuando la vida de la madre esté en peligro, el embarazo sea producto de una violación y el feto no tenga posibilidades de vivir fuera del útero. Pero la discusión se ha estancado por la oposición de la derecha.

Guirola dijo que en su país solo en el 2015 fueron atendidas “más 25.000 niñas y adolescentes embarazadas” tras ser violadas.

Claudia Dides, directora de la organización MILES de Chile, afirmó que “los organismos internacionales están observando impactados cómo en Argentina se legítima la violación de los derechos humanos al no permitir el aborto seguro”.

Sin embargo, apuntó a la existencia de una ola reformista que incidió en toda América Latina. “No tengo la menor duda que en años más vamos a tener esas leyes", agregó.

Chile recientemente despenalizó el aborto por tres causas: inviabilidad del feto, violación y peligro de vida de la madre. Existen grupos que proponen dar el siguiente paso: el aborto libre.

Rosangela Talib, coordinadora de Católicos por el Derecho a Decidir en Brasil, afirmó que la ley se aprobará en Argentina “en el futuro” y elogió al movimiento abortista por haber abierto el debate.

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Talib dijo que lo ocurrido “no hará más fuertes” a los grupos en contra de la despenalización del aborto ya que encuestas recientes muestran que la mayoría de los brasileños están en contra de castigar a las mujeres que abortan.

En Brasil, el Supremo Tribunal Federal evalúa la posibilidad de permitir los abortos libres durante las primeras 12 semanas de embarazo.

En ese país –con la mayor cantidad de católicos del mundo– el aborto es ilegal y se castiga hasta con tres años de cárcel, excepto si la mujer fue violada, el embarazo pone en peligro su vida y o el feto tiene muerte cerebral.

Paula Barrios, de la organización guatemalteca Mujeres Transformando el Mundo, dijo que el mensaje del Senado Argentino fue muy negativo. En tanto el catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Santiago Basabe, afirmó que en Ecuador “no hemos avanzado tanto en el tema como en Argentina por lo que, si hay un impacto, será menor”.

Uruguay, Guyana, Cuba y la Ciudad de México son los únicos en Latinoamérica que han legalizado el aborto. En Puerto Rico y en las Antillas y la Guayana francesas también se permite atendiendo a las legislaciones de Estados Unidos y Francia.