San Salvador. Militares salvadoreños ignoraron una determinación de la Corte Suprema que avaló la búsqueda de pruebas sobre la masacre de El Mozote de 1981, e impidieron este martes, por tercera vez, que un juez buscara tales evidencias en los archivos de una base castrense.
El juez Jorge Guzmán, de la ciudad nororiental de San Francisco Gotera, acudió este martes a la base de la Segunda Brigada de la Fuerza Aérea (44 kms al sureste de San Salvador), con el propósito de tener acceso al archivo de esa guarnición, pero le fue negado el paso
“Estas son órdenes del presidente (Nayib) Bukele, del ministro (de Defensa, René) Merino Monroy, de impedir esta diligencia judicial de investigación en una base militar”, denunció el abogado David Morales de la organización Cristosal que defiende a víctimas de la masacre de El Mozote.
El lunes, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró improcedente un recurso del Ministerio de Defensa para detener las inspecciones en los archivos militares.
La Sala determinó que “no se advierte” de qué manera la exhibición de archivos relacionados con la matanza ponga en riesgo la seguridad del Estado, ya que el objeto del proceso penal “es la búsqueda de la verdad” sobre la masacre.
El capitán Carlos Escobar, de la base aérea, manifestó este martes al juez -según la conversación entre ambos transmitida por medios locales- que el impedimento de ingresar a la instalación era porque esta fue creada en 1986, posterior a la masacre, por lo cual sus archivos no contienen documentación sobre el caso.
Escobar también alegó ante Guzmán que no podía permitirle entrar porque en el lugar se resguarda información secreta “protegida” por la Constitución.
El juez recordó que “es una obligación de la Fuerza Armada” acatar las disposiciones judiciales.
“En este país no hay una institución que sea un suprapoder que esté encima de todos los demás, al grado que no pueda someterse a las resoluciones judiciales”, le reclamó el juez al militar, que escuchó impávido.
El 21 de setiembre, el juez no pudo acceder a los archivos del Estado Mayor de la Fuerza Armada, y el 12 de octubre se le impidió ingresar a los archivos de la Fuerza Aérea en San Salvador.
El lunes, la Sala de lo Constitucional puntualizó que el acceso a los archivos “más que ser una conducta delictiva”, como la pretendía hacer ver el ministro de la Defensa, “constituye el cumplimiento de una orden judicial concreta” en el proceso penal por la matanza.
Además, le advirtió de que “obstaculizar la diligencia judicial podría ser constitutiva de delito”.
El Ministro de Defensa argumentó que "los archivos militares sobre los cuales se realizará la inspección contienen información de planes militares secretos, los cuales no pueden ser de conocimiento de otros órganos de Estado".
‘Búsqueda de la verdad’
La CSJ replicó en su decisión que “no se advierte” de qué manera la exhibición de los archivos para investigar la masacre “ponga en riesgo la seguridad nacional del Estado”, ya que el objeto del proceso penal “es la búsqueda de la verdad” sobre la masacre.
“El Estado se encuentra obligado a realizar todas las tareas necesarias para contribuir a esclarecer lo sucedido a través de las herramientas legales que permitan llegar a la verdad de los hechos”, consignó la Sala Constitucional.
Al presentarse Guzmán a las puertas del cuartel de la FAS, un oficial argumentó que los archivos solicitados son “información confidencial secreta que nosotros tenemos aquí, y que solo puede ser solicitada por la Asamblea (Legislativa)”.
Previo a la llegada del juez, medio centenar de miembros de organismos humanitarios habían colocado pancartas y flores frente a la sede castrense.
Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados del desaparecido Batallón Atlacatl del Ejército ejecutaron a 986 personas, entre ellas 558 niños, en El Mozote y comunidades adyacentes por sospechas de que colaboraban con la guerrilla izquierdista.
Otras 712 personas sobrevivieron el ataque y se vieron obligadas a abandonar la zona.
En 1993, una comisión creada por Naciones Unidas para investigar crímenes de la guerra culpó de la masacre a un grupo de militares, en el que figuran el comandante del batallón Atlacatl, el coronel Domingo Monterrosa, y su jefe de operaciones, Armando Azmitia.
El el 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por la masacre, y ordenó medidas de reparación.