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Un activista sostiene una pancarta con la frase "Gracias CICIG" frente a la sede de la Comisión Internacional de las Naciones Unidas contra la Impunidad, en la Ciudad de Guatemala. Foto: AP (Moises Castillo/AP)
Ciudad de Guatemala. La máxima instancia judicial de Guatemala suspendió temporalmente este lunes una investigación del Congreso sobre una misión de la ONU que fue clave en la lucha contra la corrupción y que cerró sus puertas en setiembre pasado.
La Corte de Constitucionalidad (CC) acogió un amparo provisional que dejó sin efecto la investigación iniciada por cinco diputados sobre la labor de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que llevó a juicio a sectores políticos y empresariales considerados intocables.
En un comunicado la CC señaló que emitió el amparo solicitado por un abogado particular y la organización Acción Ciudadana, capítulo en Guatemala de Transparencia Internacional.
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"En consecuencia, se deja en suspenso temporal" el funcionamiento de la comisión legislativa, indicó el texto.
Organizaciones sociales y la Fiscalía impugnaron ante la Corte constitucional la creación del comité investigador, impulsado por diputados del partido del presidente Jimmy Morales y congresistas que fueron señalados por corrupción de parte de la Cicig, la cual finalizó su mandato el pasado 3 de setiembre.
Las impugnaciones señalaron que la comisión legislativa es inconstitucional y viola la autonomía del Mnisterio Público.
Los diputados aseguran que la misión de la ONU cometió ilícitos como la violación del principio de inocencia de los sindicados e injerencia en asuntos internos durante sus 12 años de funcionamiento.
Desde hace una semana, la comisión del Congreso ha escuchado a familiares de las supuestas víctimas de la Cicig.
El Congreso se había atribuido la posibilidad de denunciar y exigir la extradición de exfuncionarios de la Cicig, pese a que en el acuerdo de creación del ente entre Guatemala y la ONU se estableció inmunidad para su ejercicio.
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La Cicig inició sus funciones en el 2007 para atacar a las mafias incrustadas en el aparato estatal guatemalteco, pero fue en 2015 cuando provocó un terremoto político al revelar junto a la Fiscalía General un fraude en las aduanas que llevó a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla de las estafas.
Morales se negó a extender la misión luego de que la Cicig y la Fiscalía pidieron se levantaran sus fueros para investigarlo por sospechas de financiamiento ilegal en su campaña del 2015.
