AP. 10 septiembre
Manifestantes expresaron en Ciudad de Guatemala -el 27 de julio del 2019- su rechazo al acuerdo migratorio suscrito con Estados Unidos
Manifestantes expresaron en Ciudad de Guatemala -el 27 de julio del 2019- su rechazo al acuerdo migratorio suscrito con Estados Unidos

Ciudad de Guatemala. El acuerdo migratorio con Estados Unidos que establece a Guatemala como un “tercer país seguro” debe ser ratificado por el Congreso local antes de ser puesto en ejecución, resolvió el martes la Corte de Constitucionalidad.

El 26 de julio, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, firmó el acuerdo con Kevin McAleenan, jefe interino del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos en la oficina oval de la Casa Blanca bajo la mirada del presidente Donald Trump, días después de que este amenazó a Guatemala con aranceles y otras medidas si no suscribía el pacto.

La Corte resolvió que según un artículo de la Constitución, tras la firma del acuerdo debe ser el Congreso el que lo ratifique y explicó que tanto el presidente Jimmy Morales como la canciller Sandra Jovel aceptaron el tratamiento parlamentario.

Según el máximo tribunal, Jovel informó de que “la sola firma de un arreglo internacional por el representante de la República de Guatemala no conlleva como efecto inmediato su vinculación jurídica, toda vez que para ello es necesario que el mismo (sic) sea aprobado por el Congreso de la República”.

Según el gobierno, el acuerdo se activará por medio de un canje de notas “en el que se indique que cada parte ha cumplido con los procedimientos jurídicos nacionales necesarios para que el acuerdo entre en vigor”.

En su fallo, la Corte dijo que habiéndose rubricado el acuerdo será el presidente “quien bajo su estricta responsabilidad deberá propiciar que se agote el procedimiento que corresponde” en el Congreso.

Al conocer la decisión del tribunal, Morales le restó seriedad al fallo. “Seamos serios hombre, si el comediante he sido yo, la Corte de Constitucionalidad debe ser seria”, manifestó.

Excancilleres, políticos y el Procurador de Derechos Humanos le habían solicitado al tribunal que le señalara al presidente Morales cuál era el camino jurídico a seguir tras la firma del acuerdo que convertirá al territorio guatemalteco en receptor de migrantes de Honduras y El Salvador mientras estos esperan que se resuelvan sus solicitudes de asilo en Estados Unidos.

La medida podría reducir el elevado número de migrantes que han abrumado el sistema de migración estadounidense, pero ha generado gran rechazo debido a que Guatemala es un país aquejado por la violencia de las pandillas, el desempleo y la pobreza, entre otros problemas, por lo que podría cuestionarse su capacidad para recibir a migrantes que huyen de sus países por esas mismas circunstancias.

En una entrevista reciente con The Associated Press, el presidente electo Alejandro Giammattei -quien tomará posesión el 14 de enero del 2020- dijo que Guatemala no cumple con lo establecido en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, base del acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos. Sin embargo, estaría de acuerdo en firmar un convenio sobre la materia que tuviera más ventajas para su país.

El Estatuto de los Refugiados establece que cuando una persona sale de su país para solicitar asilo en otro lugar, este segundo Estado podrá negarse a recibirlo y enviarlo a un tercer país que considere puede darle las mismas atenciones.