AP. 12 febrero
El Congreso custodiado por la Policía durante una protesta para demandar la renuncia del entonces presidente Jimmy Morales, el 15 de setiembre del 2017, en Ciudad de Guatemala.
El Congreso custodiado por la Policía durante una protesta para demandar la renuncia del entonces presidente Jimmy Morales, el 15 de setiembre del 2017, en Ciudad de Guatemala.

Ciudad de Guatemala. El Congreso guatemalteco aprobó reformas a la ley de organizaciones no gubernamentales (ONG) para el desarrollo que da potestad al Gobierno para que pueda autorizar o cerrarlas según estime que puedan alterar el orden público, lo cual generó cuestionamientos en el país centroamericano.

Las modificaciones recibieron el aval legislativo la noche del martes, pero aún deben ser sancionadas o vetadas por el Poder Ejecutivo. Con estas se normaría la constitución, inscripción, reglamentación, funcionamiento, fiscalización, control y liquidación de las ONG.

Uno de los cambios que más críticas genera es la parte que establece el financiamiento de las ONG y que dice que “ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público en el territorio nacional”.

Agrega que de darse ese caso, la organización sería inmediatamente cancelada y sus directivos podrían ser sometidos a cargos penales y civiles.

La activista Helen Mack, ganadora del premio alternativo para la Paz 2018 y fundadora de la Fundación Myrna Mack, aseguró que los cambios a la ley no llevan buenas intenciones, pues en su criterio son “leyes autoritarias y represivas”.

“Afecta el tema de la libertad de asociación; quieren controlar a las organizaciones que les son molestas, a las personas que quieren manifestar; tenemos el derecho a la desobediencia civil, vamos a accionar legalmente”, advirtió la activista.

Mack refirió que la actual junta directiva del Congreso cuenta aún con algunos diputados de la legislación anterior que tienen influencia y que estaban interesados en aprobar las reformas.

Los cambios a la ley fueron propuestos en el 2019 por diputados que no fueron reelectos en los pasados comicios, entre ellos Estuardo Galdámez, ahora prófugo de la Justicia acusado de actos de corrupción.

El procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, declró que asesores jurídicos ya se encuentran estudiando los alcances de la ley y que en principio esta es violatoria de la Constitución, especialmente en libertades como el derecho de asociación, la libre manifestación y la libre expresión del pensamiento.

“Recomiendo al presidente (Alejandro Giammattei) que haga uso de su privilegio de veto, lo cual sería muy valorado”, expresó Rodas.

La discusión de los cambios a la ley no había sido propuesta en la agenda consensuada semanalmente por los jefes de bloque del Poder Legislativo, pero fue propuesta a último minuto en una enmienda por el diputado Felipe Alejos, quién también la leyó a una velocidad casi imperceptible y fue aprobada mayoritariamente en el Congreso.

Luis Rosales Marroquín, miembro de la junta directiva del Congreso, afirmó que no se estaba prohibiendo las ONG, sino que se buscaba fiscalizar sus recursos.