EscucharLima. El Congreso peruano postergó este martes la votación sobre la moción de confianza solicitada por el gobierno para aprobar sus reformas anticorrupción, que de ser rechazada puede desencadenar la disolución constitucional del Legislativo y la renuncia del gabinete.
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Vista del Congreso Nacional en Lima el 4 de junio de 2019, mientras los legisladores discuten una moción de confianza solicitada por el gobierno para aprobar sus reformas anticorrupción. Foto: AFP (CRIS BOURONCLE/AFP)
La votación se realizará el miércoles, luego de que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, suspendió la sesión por la noche tras 10 horas de debate, alegando que quedaba un alto número de oradores pendientes de intervenir.
El resultado de este nuevo episodio de tensión entre el Congreso, controlado por la oposición, y el presidente Martín Vizcarra, quien carece de partido y bancada parlamentaria, es incierto.
"Es urgente salvar a la democracia de la corrupción, es urgente evitar que personas con delitos penales nos representen, tenemos que alentar que ciudadanos con vocación de servicio participen en política” para que los peruanos confíen en las autoridades, dijo el presidente del consejo de ministros peruano, Salvador Del Solar, en la exposición inicial este martes, en la que defendió las reformas propuestas.
El optimismo rodea a Vizcarra, quien espera recibir el respaldo del Congreso pese a que es dominado por una mayoría radical populista de derechas que no ha dudado en mostrar los dientes y desafiarlo cada vez que lo cree necesario.
Mientras transcurrió el debate, al menos 300 manifestantes participaron en una marcha pacífica a favor de las reformas y reclamando al gobierno la disolución constitucional del Congreso.
“Ni un paso atrás, cierren el Congreso”, corearon los activistas convocados por colectivos sociales de izquierda que marcharon por calles del centro histórico de Lima.
Las primeras intervenciones del debate traslucieron un ánimo conciliador, distante de la confrontación de días previos.
“Se daría la confianza, la disolución estaría descartada”, dijo a la radio RPP el analista Aníbal Quiroga tras escuchar a una docena de voceros en las primeras dos horas de discusiones.
"Somos conscientes de que hay que emprender las reformas políticas, estamos de acuerdo en que hay que hacerlas, pero siempre respetando el fuero parlamentario”, sostuvo en tanto el congresista Carlos Tubino, vocero de la mayoritaria Fuerza Popular sin precisar cómo votarán.
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La cuestión clave es que un rechazo a la moción de confianza podría dejar en la calle a los 130 parlamentarios.
La moción es un mecanismo constitucional por el cual el Ejecutivo puede consultar al Congreso sobre el tema que estime conveniente. Pero si se rechaza este pedido a dos gabinetes, el presidente puede proceder a disolver el Congreso y convocar elecciones legislativas en cuatro meses.
En septiembre de 2017, el actual Congreso ya le negó la confianza a un gabinete por lo que una nueva negativa gatillaría su disolución.
El fragmentado Congreso está dominado por una frágil mayoría compuesta por la fujimorista Fuerza Popular y otros grupos minoritarios.
Los reflectores están puestos en este partido, que lidera Keiko Fujimori. La hija del expresidente Alberto Fujimori cumple prisión preventiva por supuestamente recibir fondos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial en 2011.
En sus filas, algunos -aunque no todos- estiman que Vizcarra se extralimita en sus funciones, lo que consideran podría acabar en una deriva totalitaria.
La izquierda, que suma 20 votos a través del Frente Amplio y Nuevo Perú, votará en contra para acabar con la mayoría conservadora.
Cinco proyectos de reforma están asociados a la moción. Estos contemplan regular el financiamiento de los partidos y cambios en el sistema electoral, entre otros.
También proponen que sea la Corte Suprema y ya no el Congreso el órgano que quite la inmunidad a un parlamentario, pues hubo casos de legisladores que amparados en sus fueros han intentado eludir condenas por delitos comunes.
Vizcarra impulsa la reforma para prevenir actos de corrupción en un país donde los cuatro anteriores presidentes están salpicados por el escándalo de aportes y sobornos de la cuestionada Odebrecht.
La empresa ha confesado que repartió millones de dólares entre figuras del poder, desde presidentes a alcaldes, para conseguir contratos de obras públicas.
La última vez que un presidente disolvió el Congreso fue el 5 de abril de 1992. Pero en aquella ocasión, Alberto Fujimori (1990-2000) lo cerró con respaldo militar, detuvo a opositores y censuró a la prensa.
