Proyecto propone multas de hasta $43.000 para empresas operadoras de Internet

Por: AFP Hace 6 días
La reelección de Juan Orlando Hernández como presiente de Honduras mantiene un clima de tensión en el país. Esta protesta de opositores tuvo lugar el 15 de diciembre del 2017 en Tegucigalpa.
La reelección de Juan Orlando Hernández como presiente de Honduras mantiene un clima de tensión en el país. Esta protesta de opositores tuvo lugar el 15 de diciembre del 2017 en Tegucigalpa.

Tegucigalpa. El Congreso hondureño discute un proyecto de ley para sancionar a las operadoras de Internet que permiten “campañas de odio” en las redes sociales, en medio de un clima de confrontación que dejaron las elecciones de noviembre pasado.

El proyecto presentado por el diputado Marcos Paz, del Partido Nacional (PN, derecha en el poder), propone multas de hasta $43.000 como “medida para prevenir los actos de odio y discriminación en las redes sociales e Internet”.

La sanción recae sobre “administradores de sitios web que transmitan o produzcan contenidos” denunciados como ofensivos por las víctimas, que podrán recurrir a un organismo encargado de hacer cumplir la ley.

La proliferación de mensajes de confrontación y descalificación aumentó en las redes sociales desde las elecciones de noviembre, que reabrieron la polarización que dejó el golpe de Estado del 2009 contra el entonces presidente, Manuel Zelaya.

Seguidores de la alianza izquierdista que postuló como candidato al presentador de televisión Salvador Nasralla atacan al presidente Juan Orlando Hernández, a quien acusan de haberse reelegido mediante un fraude, mientras los oficialistas del PN contraatacan a sus rivales.

Los diputados sometieron el proyecto al primero de tres debates, en medio del rechazo de organizaciones de la sociedad civil que lo consideran una amenaza contra la libertad de expresión.

La influyente Asociación de Medios de Comunicación de Honduras advirtió de que el proyecto agrede derechos fundamentales.

El gremio de los grandes empresarios, en un comunicado, exhortó a los diputados “a suspender la discusión” del proyecto ya que “violenta derechos fundamentales como la libertad de emisión de pensamiento, así como otras garantías de carácter constitucional”.

“Aunque las redes sociales permitan un lenguaje punzante y a veces procaz, con acusaciones graves, así como los insultos más salvajes ante las ideas contrarias, nuestra legislación ya contempla las penas para castigar estos delitos”, agregó.

Vacíos y riesgo

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), con 1.700 afiliados, manifestó en un comunicado que el proyecto “deja muchas lagunas y espacios para su manipulación por intereses particulares y en detrimento del derecho de la ciudadanía a poder expresarse libremente”.

Dagoberto Rodríguez, presidente del CPH, dijo a AFP que “debe desistirse de la aprobación de esa ley, porque así como está planteada violenta la Constitución, la Ley de Emisión del Pensamiento, la Declaración de los Derechos Humanos” y otras normas internacionales.

“Es coartar la libertad de expresión a la gente que hace uso de la redes sociales, deja abierto también que pueden aplicarse sanciones a sitios de contenido noticioso en la red, es atentatoria” a la libertad de expresión, sostuvo.

Sin embargo, el diputado Paz justificó que “nadie se salva de las campañas de odio en Internet y las redes sociales (...), desde el cardenal (Óscar Rodríguez) hasta jugadores de fútbol” y “es necesario tener por lo menos algunas medidas para que los hondureños podamos seguir viviendo en paz”.

En defensa del proyecto, el presidente de la asociación de empresas privadas de telecomunicaciones, José Luis Rivera, dijo que “el enfoque que se le está dando no es el coartar ni castigar a los operadores que somos solamente portadores de los contenidos” de la red.

Añadió: “Como ciudadanos y personas en algún momento hemos sufrido algún agravio, calumnia o los efectos nocivos de noticias falsas o noticias muy privadas en las redes”.

Igualmente, el presidente de la Asociación de Compañías de Cable de Honduras y actual diputado del opositor Partido Liberal (derecha), Bader Dip, aclaró que “en ningún momento esta ley está buscando coartar la libertad de expresión y lo que busca es hacer justicia para las personas que han sido afectadas” por la redes sociales.