Ciudad de Guatemala. El Congreso de Guatemala aprobó reformas al delito de financiamiento electoral ilícito para disminuir la pena a quien lo cometa. La modificación de este jueves se da en el marco de señalamientos por esta causa contra el presidente Jimmy Morales.
Con 93 votos a favor y 18 en contra, el Congreso aprobó la modificación del Código Penal y estableció una pena de uno a cinco años de prisión para los que comentan el delito de financiamiento electoral no registrado y financiamiento anónimo. Antes de la reforma, la pena era de cuatro a 12 años de prisión. Con esta modificación también se deja sin responsabilidad legal a los representantes legales de los partidos políticos.
Con la reducción de las penas, los acusados recibirán una sentencia conmutable y una medida sustituta durante el proceso.
Para la diputada de oposición Sandra Morán, quien votó en contra de la reforma, Esta beneficiaría a Morales y a dos diputados que están señalados por dichos delitos.
“El otorgamiento de penas conmutables debe ser analizado por un juez, no debe ser decidido por los diputados. Con esta reforma se beneficia a todos los señalados de los casos existentes, uno de ellos es el presidente Morales”, dijo la legisladora.
Para la congresista del Frente Parlamentario por la Transparencia, Andrea Villagrán, existe una alianza entre el partido oficial y las bancadas mayoritarias para aprobar reformas que garanticen impunidad y la reelección de diputados.
“Las bancadas están aliadas para garantizar impunidad. Esto es un intercambio que busca la reelección de un grupo de diputados y beneficiar al presidente y diputados señalados de financiamiento electoral ilícito” , señaló Villagrán, quien enfatizó que algunos legisladores no podían participar en la votación de este jueves por existir conflicto de intereses.
Para el politólogo Renzo Rosal, los diputados aprovecharon que la atención de los guatemaltecos está en la caravana de los migrantes para aprobar esa reforma. Agregó que con las modificaciones se prevé un pésimo proceso electoral. “Mientras la marcha de los migrantes continúa, los diputados nuevamente hacen de las suyas. Ahora el delito del financiamiento electoral es casi decorativo. Pésima antesala para las próximas elecciones”.
Tanto la Fiscalía General como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) han señalado al presidente por delitos electorales.
En un primer caso, el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) habría ocultado financiamiento ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por un monto de seis millones de quetzales (unos $825.000 dólares).
En el segundo caso, la agrupación no habría reportado ante el TSE un millón de dólares que fue otorgado por un grupo de empresarios. Para no avisar de ese financiamiento, se habría decidido no registrarlo en la contabilidad del partido.
Cuando se supone que ocurrieron los hechos, Jimmy Morales era el secretario general de FCN-Nación, motivo por el cual la Fiscalía y la Cicig solicitaron el retiro de su inmunidad para ser investigado. Sin embargo, en los dos casos fue protegido por el Congreso.
Actualmente hay un proceso de cancelación del partido que llevó a Morales a la presidencia por estas mismas circunstancias. La decisión al respecto será anunciada por el Tribunal Supremo Electoral.
Recientemente, el gobierno del presidente Jimmy Morales negó la visa a trabajadores y abogados de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que lo investigan a él y a su hijo y hermano por casos penales.