Ciudad de Guatemala. El Congreso guatemalteco conformó este martes una comisión para investigar presuntas ilegalidades cometidas por una misión de la ONU que apoyó la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país, y que terminó sus funciones el 3 de setiembre.

La medida fue propuesta y aprobada por diputados del partido del presidente Jimmy Morales y aliados en el Congreso, quienes consideran que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) cometió hechos ilícitos durante sus 12 años de funcionamiento.

El panel lo integrarán cinco diputados y podrá interponer denuncias ante la Fiscalía contra exfuncionarios de la extinta Cicig con la posibilidad de peticiones de extradición, señaló durante la sesión parlamentaria el diputado Juan Giordano, del partido oficial FCN-Nación, uno de los impulsores de la iniciativa.

El 3 de setiembre, la misión de las Naciones Unidas llegó a su fin luego de que el presidente Morales se negó a renovar el mandato del órgano que funcionaba desde el 2007 a petición del gobierno guatemalteco para atacar a las mafias incrustadas en el aparato estatal.

Durante los 12 años que se mantuvo activo, este órgano de Naciones Unidas desmanteló 70 estructuras del crimen y llevó a juicio a más de 400 empresarios, jueces, funcionarios y particulares por corrupción.

Morales, quien antes elogiaba el trabajo de la Cicig y había prometido ampliar el mandato hasta el 2021, adujo en agosto del año pasado que la misión estaba cometiendo ilegalidades y prohibió el regreso al país del exjuez colombiano Iván Velásquez, quien dirigía la Cicig.

Los desacuerdos del gobernante con la Cicig habían llegado un año antes, después que Velásquez y la ex fiscala general Thelma Aldana pidieron investigar al mandatario por sospechas de financiamiento ilegal de su campaña del 2015.

La Fiscalía y la Cicig presentaron casos de corrupción que involucraron a políticos, empresarios y otros sectores que eran considerados intocables, pero el principal escándalo fue la revelación en el 2015 de una estafa en las aduanas que provocó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla del fraude.

Giordano explicó que la comisión investigadora rendirá un informe el 10 de enero y también podrá denunciar a funcionarios de instituciones guatemaltecas hayan cometido posibles “acciones ilegales (...) bajo instrucciones” de la Cicig.

El grupo parlamentario además pedirá información a la comunidad internacional que financió a la Cicig y estará abierta a atender a "víctimas de acciones ilegales o arbitrarias".

Morales y los detractores de la misión han repetido que el organismo violó principios de presunción de inocencia y fue selectiva en sus investigaciones, entre otros señalamientos.

Ataque a Fiscalía anticorrupción

Una de las primeras voces en elevarse contra la, integración de ese grupo legislativo fue la de Velásquez.

En su cuenta de Twitter escribió que el objetivo de esta nueva comisión no sería solo revisar el trabajo que llevó a cabo la Cicig, sino confrontar a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), que trabajó e investigó junto a ellos la corrupción en el país y actualmente sigue activa.

“Ni la dignidad, ni la soberanía, ni la legalidad, ni el Estado de derecho a algunos, ni siquiera la venganza es lo que les mueve a actuar como lo han hecho. Es el miedo, la necesidad de asegurarse impunidad. Por eso el objetivo es la FECI. No tuvieron ni el recato de ocultarlo”.

Por su parte, Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, consideró que esa comisión atentaría contra la autonomía funcional del MP y la independencia judicial que ha tenido todo juez al momento de conocer los casos judicializados. “Lo que pretenden con esta comisión es vengarse por parte de los diputados por procesos y antejuicios iniciados contra ellos por la FECI en colaboración con Cicig”.

El miércoles, la organización Acción Ciudadana, el capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala presentó un amparo contra el Congreso con el fin de suspender la creación del panel. Argumentó que viola la Constitución.

El vicepresidente Jafeth Cabrera declaró que la comisión es importante y que “si ellos verdaderamente no temen nada e hicieron lo correcto, deben abrir las puertas para que los investiguen”.

César Calderón, defensor de varios acusados por Cicig, incluido el expresidente Otto Pérez Molina, manifestó que la creación de la comisión es “una muy buena decisión” y que la medida está dentro de las facultades del Congreso.

Agregó que se podrá perseguir penalmente a los fiscales que participaron de las investigaciones “y a los abogados guatemaltecos que trabajaron en la Comisión”.

Poco menos de una cuarta parte de los diputados actuales fueron investigados, procesados y llevados a los tribunales por actos de corrupción; varios de ellos avalaron la creación del panel investigador.

Desde que la Cicig cesó operaciones, activistas de derechos humanos y jueces alertaron y denunciaron el riesgo de que se persiga la labor que hicieron llevando a juicio y condenando a cientos de personas por actos de corrupción.