Toronto. El comisionado de ética de Canadá dijo el miércoles que el primer ministro, Justin Trudeau, presionó indebidamente a la entonces fiscala general para que desistiera de acusar penalmente a una empresa, un anuncio que podría obstaculizar sus posibilidades de reelegirse.
El informe se publicó cuando está por comenzar oficialmente la campaña para la elección general del 21 de octubre, y amenaza con reavivar un escándalo que sacudió al gobierno hace unos meses, lo que provocó una caía en los sondeos de popularidad.
El comisionado de ética, Mario Dion, indicó que los intentos de Trudeau de ejercer influencia sobre la entonces procuradora (fiscala) y ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, violaron el principio constitucional de independencia de la Fiscalía.
“El primer ministro, directamente y a través de sus altos funcionarios, utilizó varios medios para ejercer influencia sobre la señorita Wilson-Raybould”, escribió Dion.
“La autoridad del primer ministro y su oficina fue utilizada para eludir, socavar y, a la larga, intentar desacreditar la decisión del director de enjuiciamientos públicos, así como la autoridad de la señorita Wilson-Raybould”.
Trudeau expresó en una conferencia de prensa que se hace totalmente responsable “de todo”, pero que no puede “pedir disculpas por defender los empleos canadienses”.
Wilson-Raybould cree que en enero la degradaron a ministra de Asuntos de los Veteranos porque no cedió a la presión para llegar a un acuerdo de indemnización con una empresa canadiense acusada de sobornar a funcionarios en Libia.
Esa posible solución habría evitado una posible condena penal que le prohibiría al gigante de ingeniería SNC-Lavalin obtener ningún contrato del gobierno durante una década. La empresa con sede en Quebec es un importante empleador con más de 9.000 trabajadores en Canadá y unos 50.000 a nivel mundial.
El informe puntualizó que Trudeau “le ordenó a su personal que hallara una solución que protegiera los intereses comerciales de SNC-Lavalin en Canadá”.
Reacción de Trudeau
“Lo que pasó en el último año no debió suceder”, señaló el jefe de Gobierno. “Me hago responsable de los errores que he cometido. Al mismo tiempo, aprendimos muchas lecciones”.
Sin embargo, Trudeau planteó que no está de acuerdo en que el contacto que tuvo con la fiscala general en relación con el tema fuera inapropiado, y arguyó que su trabajo es analizar el impacto que tienen las decisiones sobre los canadienses.
Argumentó que postergar acuerdos con la Fiscalía es algo que se utiliza con frecuencia en muchos países, y que dependerá de su nuevo ministro de Justicia si la compañía obtiene uno.
El escándalo derivó en varias renuncias, incluida la de Gerry Butts, el principal asesor y mejor amigo de Trudeau, y dañó al Partido Liberal durante semanas.
Wilson-Rayboud, quien renunció al gabinete y posteriormente fue expulsada de la bancada del Partido Liberal, consideró que el informe “representa una reivindicación del papel independiente del procurador general”.
El líder del Partido Conservador (opositor), Andrew Scheer, renovó la petición de que la Policía investigue y dijo que SNC-Lavalin era una corporación vinculada al “Partido Liberal” que defraudó a algunas de las personas más pobres en la tierra.
Scheer sostuvo que Trudeau no ha cumplido con la promesa que hizo cuando fue elegido de ser abierto y honesto.
“Trudeau podrá no enfrentarse a una corte por su participación en este escándalo, pero tendrá que enfrentarse al pueblo canadiense en las próximas semanas”, expuso Scheer.