Washington. El cierre de algunas dependencias federales de Estados Unidos comienza a afectar seriamente la situación económica de muchos funcionarios y añade presión a los políticos para encontrar una solución al cierre más largo de la historia del país.

La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió el miércoles al presidente Donald Trump que posponga el discurso sobre el Estado de la Unión previsto para el 29 de enero a causa de la paralización de parte de la administración.

“Desafortunadamente, teniendo en cuenta los problemas de seguridad y, a menos que los servicios del Estado reabran esta semana, sugiero que trabajemos juntos para encontrar otra fecha (...) o que considere dar su discurso sobre el Estado de la Unión por escrito al Congreso”, dijo Pelosi en una carta al mandatario.

Trump exige que se destinen $5.700 millones para financiar un muro en la frontera de Estados Unidos con México para frenar la inmigración ilegal, un proyecto rechazado de plano por la oposición demócrata.

Pelosi y Trump llevan enfrascados en una batalla presupuestaria que se alarga ya más de tres semanas en las que alrededor de 800.000 funcionarios federales se quedaron sin goce de sueldo, e incluso aquellos que tienen cargos considerados esenciales trabajan sin percibir sus salarios.

Entre estos últimos se encuentran los agentes del “Servicio Secreto”, encargado en de la seguridad de personalidades como el presidente y de eventos como el discurso sobre el Estado de la Unión, recordó Pelosi en su misiva a Trump.

Auxilio a los empleados

Para tratar de mitigar los efectos del cierre en los trabajadores afectados, las iniciativas solidarias se multiplican por el país.

El cocinero español José Andrés, abierto detractor de Trump, abrió este miércoles una “cocina” en la avenida Pensilvania, entre el Capitolio y la Casa Blanca, cerca del Congreso, para alimentar a “todos los empleados y sus familias que lo necesiten”, en el marco de la iniciativa “ChefsforFeds”, que durará hasta que finalice el cierre gubernamental.

José Andrés dijo en Twitter el lunes desde Puerto Rico, donde está ayudando a las víctimas del huracán María del año pasado, que la operación tiene “un doble sentido: estaremos abiertos para todas las familias de empleados federales que necesiten comer (...) y es un llamado a la acción para nuestros senadores y representantes, especialmente para el presidente Trump”.

Después de que algunos funcionarios dejaron de cobrar sus salarios el viernes pasado, los miembros de la Guardia Costera lo hicieron el martes."Es la primera vez en la historia de nuestra nación que miembros activos de las fuerzas armadas estadounidenses no cobran", afirmó en Twitter el jefe de la Guardia Costera, almirante Karl Schultz.

Carl Thomas, almirante retirado y jefe del Fondo de Ayuda Mutua de la Guardia Costera, aseguró en la radio pública NPR que gran parte de los 42.000 soldados que dependen del Departamento de Seguridad Interior vive debajo del nivel de la pobreza.

La situación también se agrava para los trabajadores de empresas subcontratadas por el Gobierno, que al contrario de los funcionarios, no recibirán ninguna compensación por la pérdidas de sus sueldos, por lo que los bancos de alimentos multiplican sus bonos en tanto restaurantes de todo el país ofrecen precios reducidos.

Los grandes bancos ofrecen facilidades de pago en forma de préstamos sin intereses o préstamos al consumo con tasas de interés muy bajas ante los crecientes gastos que deben afrontar los perjudicados.

Los proveedores de Internet y las compañías de teléfonos móviles también han anunciado facilidades de pago para sus clientes golpeados por el cierre.

Las ferias de empleo han proliferado para aquellos que optan por trabajar en otro sitio mientras dura el cierre. El Departamento de Educación del condado de Fairfax, en el estado de Virginia, lanzó recientemente convocatorias para profesores sustitutos.