Cicig y Fiscalía de Guatemala revelan sobornos a diputados para favorecer a empresa telefónica

La red de corrupción presuntamente la coordinaba la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ya condenada por otro caso

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Ciudad de Guatemala. La Fiscalía y una misión anticorrupción de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Guatemala revelaron este lunes un nuevo caso de corrupción sobre pago de sobornos a diputados para beneficiar a una empresa telefónica, presuntamente coordinado por la exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015), presa por varios fraudes.

Por el caso, el Ministerio Público (Fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un órgano adscrito a la ONU, pidieron a la Justicia levantar los fueros para investigar al actual ministro de Economía, Acisclo Valladares, y siete diputados, entre ellos el congresista del partido oficialista Estuardo Galdámez.

Galdámez es actualmente el candidato presidencial del partido derechista FCN-Nación para las elecciones generales del 16 de junio en las que se elegirá al sucesor del mandatario Jimmy Morales, un excómico de televisión.

De acuerdo con la investigación, detallada en un comunicado por la Fiscalía y la Cicig, Baldetti coordinó el pago de sobornos “para la compra de votos” por parte de la empresa telefónica Tigo a congresistas con los que la firma “obtuvo beneficios para sus intereses comerciales” con la aprobación de paquetes de leyes.

Valladares fungía en ese entonces como un alto directivo de Tigo, una de las principales empresas de telecomunicaciones en el país, y es señalado de hacer las entregas del dinero en efectivo y en maletas en la vicepresidencia, presuntamente unos $6.400 bimensuales para diputados del desaparecido Partido Patriota.

La Fiscalía y la Cicig presentaron como pruebas conversaciones entre Baldetti y congresistas, e incluso una fotografía extraída de documentos de una asistente de Baldetti donde se muestra una maleta con fajos de dinero en efectivo.

El partido FCN-Nación rechazó de inmediato la vinculación que la Fiscalía y la Cicig hicieron contra el candidato presidencial de esa agrupación.

“Como partido político confiamos plenamente en la inocencia de nuestro candidato presidencial y rechazamos rotundamente los señalamientos espurios en su contra, que a todas luces tienen fines políticos y pretenden afectar su contundente ascendente participación”, aseveró en un comunicado.

Agregó: “Lo que vemos hoy es lo que los mismos actores han hecho durante estos cuatro años, atacar al partido oficial y a los funcionarios de esta gestión para detener el funcionamiento del Estado”.

La exvicepresidenta, la primera mujer en ocupar ese cargo en Guatemala, está recluida en la prisión Santa Teresa, en la periferia de la capital.

Baldetti se vio obligada a renunciar al cargo luego que la Fiscalía y la Cicig la señalaron de dirigir junto con el entonces presidente Otto Pérez una estructura que cobraba sobornos en las aduanas a empresarios para la evasión de impuestos de importación.

Por el caso, Pérez (2012-2015) también dejó el puesto y se encuentra en prisión a la espera de que se inicie el juicio en su contra.

Baldetti ya fue condenada por otro caso de corrupción por el desvío de unos $2,5 millones de los $18 millones destinados a la compra de una fórmula química para descontaminar el lago de Amatitlán, 20 km al sur de la capital.