Ciudad de Guatemala. El exministro de Defensa de Guatemala, Williams Mansilla, fue arrestado este viernes en la periferia de la capital por haber autorizado el pago de un “bono extraordinario” al presidente Jimmy Morales, adicional a su salario el año pasado, informó la fiscalía.
Mansilla, quien pasó al retiro en octubre después de 33 años en el ejército, fue detenido en su vivienda en el municipio de Fraijanes, 15 km al este de Ciudad de Guatemala, dijo a periodistas Yecenia Enríquez, portavoz del Ministerio Público.
El exministro está señalado de los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción y enriquecimiento ilícito al haber autorizado el desembolso del bono a Morales, a la cúpula militar y a otros empleados del Ministerio de la Defensa.
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En setiembre, el periódico digital de investigación Nómada publicó que las fuerzas armadas entregaron en marzo 6.600 dólares a Morales, adicionales a los 19.300 dólares de su salario mensual como presidente, siendo el gobernante mejor pagado de Latinoamérica en un país con 60% de pobreza.
Luego se estableció que entre diciembre de 2016 y agosto de 2017 Morales recibió en total unos 60.000 dólares de las arcas del ejército, un monto que tuvo que reintegrar ante la ola de críticas y la intervención de la Contraloría General de Cuentas.
Mansilla justificó que el bono estaba estipulado en un acuerdo interno del ejército y también se le daba a la cúpula castrense por posibles gastos legales ante decisiones relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado.
El caso llevó a la fiscalía a pedir el retiro de la inmunidad del presidente para investigarlo por abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito tras la denuncia de la ONG Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y un informe de la contraloría.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido para levantar los fueros.
Morales está envuelto en una polémica similar tras la revelación, la semana pasada, de gastos de lujo en 2017 por unos 42.000 dólares.
El rotativo Nuestro Diario publicó que la oficina de seguridad presidencial pagó lentes de marca, licores, masajes y flores, entre otros gastos.
El presidente defendió que esos pagos se hagan con dinero del Estado. ”¿Por qué es que yo tengo que pagar (los artículos de lujo) de mi salario?”, preguntó el lunes el gobernante ante cuestionamientos de periodistas.
La Contraloría ya ordenó al jefe de seguridad presidencial devolver al menos 26.600 dólares, aunque la cantidad puede ser mayor pues continúa una revisión de auditoría.
Red de corrupción. Además de la captura de Mansilla el viernes, el jueves la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) desmontaron otra red de corrupción, esta vez en la institución encargada de recaudar impuestos y que involucra a un diputado, exfuncionarios y empresarios.
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La fiscal general Thelma Aldana dijo a periodistas que entre 2011 y 2014 se tejió una estructura que cobró al menos 2,5 millones de dólares en comisiones ilícitas a empresas para favorecer la “agilización irregular” del pago de la devolución fiscal.
Las fuerzas de seguridad realizaron el jueves 30 allanamientos en la capital y arrestaron a Rudy Villegas, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ente recaudador de impuestos, y a siete empresarios.
Entre los clientes de la red ilegal, que era operada por el extrabajador de la SAT Giovanni Marroquín, figuran al menos nueve empresas metalúrgicas, de palma africana, licores e ingenios azucareros, entre otras.
Marroquín se encuentra en prisión desde 2015 vinculado a una estafa en las aduanas que obligó a renunciar al entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla de la red que recibía sobornos a cambio de la exoneración de impuestos de importación.
El nuevo caso revelado por la fiscalía y la Cicig involucró al empresario azucarero Mario Leal, quien en 2015 acompañó como candidato vicepresidencial a la exprimera dama Sandra Torres por el partido socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Leal, quien probablemente se encuentra en República Dominicana desde 2016, fue “intermediario” entre algunas empresas y la red ilícita en la SAT, detalló de su lado el exjuez colombiano Iván Velásquez, jefe de la Cicig, ente adscrito a la ONU.
La fiscalía y la Cicig también pidieron quitar la inmunidad al diputado Felipe Alejos, del partido derechista TODOS y actual vicepresidente del Congreso, por presunto intermediario entre la red y empresarios.
También solicitaron levantar los fueros del juez Adrián Rodríguez por el delito de prevaricato por presuntamente favorecer a la organización en procesos legales.
Otros exfuncionarios de la SAT procesados por la estafa en las aduanas en 2015 también fueron incluidos en la nueva trama de sobornos, puntualizó la fiscal.