La Paz. El presidente de Bolivia, Evo Morales, alertó de que sectores de oposición “preparan” un golpe de Estado “para esta semana”, mientras que un grupo civil aliado de Carlos Mesa, rival del mandatario, propuso anular los comicios, en medio de una escalada de las protestas.

“Distintos sectores sociales (...) se preparan para hacer golpe de Estado la próxima (esta) semana”, dijo Morales, en el gobierno desde el 2006, ante seguidores en una localidad rural de Cochabamba (centro).

Y agregó con ironía: “¿Que están diciendo: (del) martes no debe pasar, no debe pasar de esta semana. Fuera, Evo Morales!!”.

Su ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, expresó luego en la televisión estatal que la oposición “está llamando a la gente para confrontar (...) para tomar las instituciones públicas, para desalojar al gobierno. Eso es una convocatoria al golpe de Estado”.

Según el funcionario, “antes los golpes de Estado eran con militares, (ahora son) institucionales”, y citó los casos de Dilma Rousseff en Brasil y de Fernando Lugo en Paraguay. Como la oposición no controla instituciones, “han elegido la confrontación racial, la violencia para desestabilizar”, manifestó.

Para zanjar la crisis política -con la gente volcada a las calles y una huelga en varias regiones del país- Morales, polémico vencedor de los comicios en primera vuelta, propuso abrir el proceso electoral a una auditoría encabezada por la OEA, las Naciones Unidas y la Unión Europea, organismos que consideran conveniente la realización de un balotaje.

“No les interesa segunda vuelta ni que se realice la auditoría, no les interesa las elecciones mismas. Si no se quiere la auditoría, es que se está en una estrategia golpista”, recalcó Romero.

Mientras, una influyente plataforma que articula los comités cívicos regionales (Conade), que respalda al aspirante opositor Carlos Mesa, planteó que "dada la realidad del fraude electoral" exige "la anulación de las elecciones, además de la formación de un nuevo tribunal electoral, "esta vez imparcial".

Mesa, quien gobernó Bolivia entre el 2003 y el 2005, desconoció el sábado el resultado de los comicios, así como sus “consecuencias políticas y jurídicas (...) por ser este el resultado del fraude y el incumplimiento”.

Poco después, Morales respondió tajante: “Aquí no hay negociación política, aquí se respeta la Constitución y al partido que ha ganado en las últimas elecciones nacionales. Quiero que (eso) sepa la derecha boliviana”.

Seguir con protestas

En medio de un aumento de la tensión en varias ciudades bolivianas, especialmente en Santa Cruz (este), región motora del desarrollo nacional, el líder del comité cívico regional (derecha), Luis Fernando Camacho, llamó a no claudicar en las protestas.

En La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, "el paro será contundente desde el lunes, con bloqueos y manifestaciones pacíficas", anunció el alcalde Luis Revilla, aliado de Mesa.

Morales también anunció el sábado que celebrará su triunfo con sus seguidores en medio de una frecuentada autopista que une el centro con la pudiente zona sur, donde se han concentrado con mayor rigor las protestas.

Revilla llamó a desistir de esa celebración, pues “va a generar enfrentamientos innecesarios”, reflexionó.

Grupos de sindicatos campesinos e indígenas afines al presidente amenazaron también con “cercar las ciudades” y cortarles el aprovisionamiento de alimentos si la huelga contra Morales continúa.

A las protestas locales se unieron bolivianos residentes en España, Argentina, Perú y Estados Unidos, donde reapareció el exministro de Interior, Carlos Sánchez Berzaín, que huyó del país en el 2003 tras caer el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, después de una represión a una rebelión popular que se saldó más de 60 muertos civiles y unos 500 heridos.

Según el ministro Romero, Sánchez Berzaín “ha participado protagónicamente en el diseño estratégico de este esquema conspirativo” en curso.