30 junio, 2016
Protesta en Managua, en junio del 2013, contra la construcción del canal de Nicaragua.
Protesta en Managua, en junio del 2013, contra la construcción del canal de Nicaragua.

Managua y Washington

La franja de Nicaragua donde está previsto que se construya un canal interoceánico, por parte de la empresa china HKND Group, es actualmente una "zona de excepción", done las autoridades reprimen las actividades de los campesinos e impiden la solidaridad de grupos extranjeros, denunció el miércoles un grupo ambientalista de este país.

"Las regiones colindantes a la ruta prevista para la construcción del canal interoceánico en Nicaragua han sido convertidas en una zona de excepción, tanto legalmente, como en la práctica", aseveró el denominado Grupo Cocibolca en un pronunciamiento.

Esta posición del Grupo Cocibolca, que también integran científicos prominentes de Nicaragua, fue emitida luego de que la Policía Nacional retuvo a cuatro nicaragüenses y seis miembros extranjeros de la Caravana Mesoamericana del Buen Vivir, mientras intentaban construir cocinas ecológicas en una finca ubicada en la franja del proyecto canalero, al sur del país.

Los nicaragüenses retenidos eran campesinos que se oponen a perder sus tierras por la construcción del canal, y entre los extranjeros detenidos y que fueron expulsados el lunes pasado del país estaban tres mexicanos, un español, un costarricense y una argentina.

Según el Grupo Cocibolca, los derechos de los habitantes de la zona están siendo afectados, ya que se están criminalizando sus actividades y se está impidiendo el desarrollo de la solidaridad internacional.

"Nos parece absurda la actitud del Gobierno de Nicaragua, de intentar criminalizar esfuerzos de solidaridad internacional hacia comunidades u organizaciones que no tienen asociación política partidista", expresó.

Los ambientalistas también condenaron la prohibición de investigaciones independientes en la zona del proyecto, y las "campañas que pretenden desprestigiar al movimiento campesino".

El Grupo Cocibolca llamó a las autoridades y a los nicaragüenses a "resguardar la integridad del territorio", como una condición clave para el funcionamiento del Estado de derecho.

La ley rectora del canal de Nicaragua, aprobada en junio de 2013, establece que las tierras de los campesinos e indígenas podrán ser expropiadas sin derecho a apelación, y serán administradas por HKND Group.

Dicha legislación también establece que HKND Group será garante de que nadie ingrese a las selvas del extremo sureste de Nicaragua, que también estarán bajo su administración.

Medidas como estas son las que despiertan incomodidad entre los campesinos afectados, ambientalistas, Iglesia y otros sectores de la sociedad nicaragüense, que consideran que el presiente Daniel Ortega vendió parte del territorio del país a la firma china.

Ruta propuesta para el canal de Nicaragua.
Ruta propuesta para el canal de Nicaragua.

El proyecto del canal consiste en una vía acuática de 276 kilómetros de longitud, de 230 a 280 metros de ancho, e incluye dos puertos, un aeropuerto, dos lagos artificiales, dos esclusas, un área de libre comercio y complejos turísticos, entre otros.

La construcción del canal interoceánico está prevista para concluir cinco años después del inicio de las obras más importantes, programadas para fines del presente año.

La ejecución costará $50.000 millones, según HKND Group, y Nicaragua espera que su construcción cree unos 50.000 empleos y duplique el producto interior bruto (PIB).

Alerta a estadounidenses. La hostilidad que denunció el Grupo Cocibolca también la tomó en cuenta el Departamento de Estado norteamericano, que el miércoles emitió una alerta de viaje a Nicaragua por la posibilidad de que se aumente el “escrutinio de actividades de extranjeros” en los meses previos a la elecciones de noviembre.

En un comunicado, Estados Unidos recomendó a sus nacionales “estar al tanto de un aumento de la sensibilidad de los funcionarios nicaragüenses por ciertos temas” como las elecciones, el proyecto de canal interoceánico o las críticas al gobierno del presidente Daniel Ortega.

“Las autoridades nicaragüenses han negado la entrada, detenido e interrogado a extranjeros, incluidos funcionarios estadounidenses, académicos, periodistas y trabajadores de ONG por informar sobre estos temas o contactar con ciudadanos nicaragüenses” , añadió la adevertencia, en vigor hasta finales de noviembre.

El 14 de junio, Nicaragua expulsó a tres estadounidenses -dos diplomáticos y un académico- al alegar que realizaban "tareas propias de la competencia del Gobierno de Niacaragua".

Uno de los afectados fue el investigador Evan Ellis, experto en las relaciones entre China y América Latina del Colegio de Guerra del Ejército norteamericano, quien se aprestaba a realizar una investigación sobre el proyectado canal interoceánico.