El mandatario sostuvo una reunión de urgencia con cuatro de sus ministros en el Palacio de La Moneda, después de que en los últimos cuatro días se registraran seis ataques incendiarios a viviendas, camiones y maquinaria agrícola en el sur del país.
El ataque más grave ocurrido en la historia del denominado conflicto mapuche costó el viernes la vida a un empresario agrícola de ascendencia suiza de 75 años, Werner Luchsinger, y a su mujer, de 69, fallecidos al arder su vivienda por la acción de una veintena de personas.
El Gobierno presentó una querella que invocaba la ley antiterrorista por estos hechos, por los que de momento solo está detenido un joven mapuche, etnia que reclama derechos ancestrales sobre tierras que están en manos de empresarios agrícolas y forestales.
“El Gobierno cree que la decisión más oportuna, útil y necesaria como instrumento jurídico es la aplicación de la ley antiterrorista”, declaró ayer el ministro del Interior, Andrés Chadwick.
La aplicación contra los mapuches de la ley antiterrorista, que contempla penas más severas que la legislación común, ha sido criticada por organizaciones internacionales de derechos humanos.
El ministro dejó supeditada la aplicación de otras medidas, como un estado de excepción constitucional, reclamada por parlamentarios oficialistas y empresarios, que amenazan con tomarse la justicia por su mano.
Por ahora, el Ejecutivo incrementó la acción policial y de inteligencia, y para ello se ha duplicado en los últimos seis meses la dotación de Carabineros.
Los mapuches son la principal etnia del país y se concentran en La Araucanía, a unos 700 kilómetros al sur de Santiago.
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