Sin embargo, la negativa del Gobierno a prohibir las hidroeléctricas mantiene la incertidumbre a posibles nuevas protestas indígenas por parte de grupos descontentos con el pacto.
El acuerdo deberá ser llevado ahora al Congreso, de mayoría oficialista, para que se convierta en ley, y a un proceso de consultas y ratificación con las bases indígenas.
El pacto cancela todas las concesiones otorgadas para exploración y explotación de los recursos minerales, y dispone que cualquier proyecto hidroeléctrico que el Gobierno pretenda impulsar en la comarca “deberá contar con la aprobación” de las autoridades indígenas y ser sometido a referéndum entre los nativos del área.
Algunos nativos dijeron sentrise traicionado por los dirigentes.