Presidente filipino afirma que no puede ser juzgado por Corte Penal Internacional

La Policía afirma que unas 4000 personas han muerto en guerra contra las drogas, aunque grupos independientes dicen que son 12.000

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Davao, Filipinas. El presidente filipino, Rodrigo Duterte, se declaró el viernes fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) que inició una investigación preliminar sobre las miles de muertes atribuidas a la “guerra contra las drogas” que lanzó el mandatario.

Según Duterte, la legislación local no prohíbe específicamente las ejecuciones extrajudiciales y amenazó, al día siguiente de que la CPI anunció la apertura de una investigación preliminar sobre presuntos crímenes contra la humanidad, con retirar al país del tratado que creó la única jurisdicción internacional para crímenes de guerra.

Duterte reconoció que el anterior gobierno de Manila ratificó el tratado de creación de la CPI pero afirmó que no se traspuso a la legislación local por una cuestión técnica.

Duterte afirma que no hay disposiciones que aborden las muertes extrajudiciales. “No está definido en ningún lado así que cómo pueden acusarme de un crimen”, dijo en un discurso en Davao.

La Policía dice que unas 4.000 personas murieron en la guerra contra las drogas, los grupos de defensa de los derechos humanos adelantan que la cifra supera las 12.000.

El presidente filipino, acusado de atizar los asesinatos con discursos incendiarios, criticó que Filipinas se convirtiera en el primer país asiático en ser investigado por la CPI.

“Hay tantas masacres en todas partes de Asia y me escogen a mí. Es mejor que dejen eso en claro si no me retiraré de la CPI”, advirtió.

Las investigaciones preliminares tienen por objeto ayudar a la fiscalía a determinar si hay suficientes evidencias de crímenes acordes a su jurisdicción. Puede desembocar en una investigación exhaustiva y eventualmente una acusación.

El portavoz de Duterte, Harry Roque, dijo este viernes que estaba seguro que Duterte no será acusado por la CPI.

Roque dijo que el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales investigó en 2007 el papel de Duterte en el presunto asesinato de 1.069 personas por un escuadrón de la muerte en Davao, ciudad del sur del país cuando era su alcalde.

La misión no desembocó en acusaciones contra Duterte. Roque espera el mismo resultado en este caso.