Estrasburgo, Francia. El Parlamento Europeo denunció este miércoles la amenaza “sistémica” para los valores de la Unión Europea (UE) en Hungría y pidió al bloque que active el artículo 7, el mecanismo más radical para sancionar a países que no respetan las normas y que habilita la suspensión del derecho al voto en la cámara.
Es la primera vez que el Parlamento Europeo ejerce su derecho de iniciativa para pedir al Consejo Europeo, formado por los Estados miembros, que se pronuncie sobre la situación del Estado de derecho en un país miembro.
Hungría reaccionó a la votación del Parlamento Europeo calificándola de “pequeña venganza” de parte de los políticos “proinmigración”.
“La decisión de hoy no es nada menos que una pequeña venganza de los políticos proinmigración contra Hungría”, afirmó en Budapest el ministro de Relaciones Exteriores, Peter Szijjarto.
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"Nosotros, los húngaros, hemos demostrado que la migración no es un proceso necesario, y que es posible detenerla" agregó.
Esta votación del Parlamento Europeo dará paso a un largo procedimiento cuyo final es incierto, pero que puede, en teoría, conducir a sanciones contra Budapest.
La Comisión Europea activó por primera vez en el 2017 este artículo conocido como “botón nuclear” contra Polonia preocupada por su Estado de derecho y hasta ahora se ha limitado a abrir procesos de infracción contra Budapest por no respetar la legislación europea en materia de asilo, por su ley de financiación de las ONG o su ley de universidades, entre otros.
De momento, el proceso está en una fase preliminar, tras ser interrogadas a fines de junio las autoridades polacas por el consejo de ministros de Relaciones Exteriores europeos sobre unas controvertidas reformas.
Votación
La votación sobre Hungría en el hemiciclo europeo se anunciaba incierta, dadas las estrictas normas a las que estaba sometida: además de la mayoría simple de votos (376), la resolución debía ser adoptada al menos por dos terceras partes de los votos expresados.
La resolución fue finalmente adoptada por 448 votos a favor y 197 en contra, además de 48 abstenciones.
La resolución votada por el Parlamento “invita al Consejo a constatar si existe un claro riesgo de violación grave, por parte de Hungría, de los valores incluidos en el artículo 2 del tratado de la UE, y a remitir a Hungría recomendaciones apropiadas al respecto”.
El debate que precedió la votación fue un duro cara a cara entre el primer ministro Víktor Orban, quien defendió el “honor” de su país, y varios parlamentarios.
“No aceptaré que las fuerzas proinmigración nos amenacen con un chantaje y calumnien a Hungría con falsas acusaciones”, manifestó el dirigente conservador húngaro.
El informe de la eurodiputada Judith Sargentini establece una lista de “preocupaciones” sobre Hungría, relativas a la violación de libertades y valores preconizados por la UE en la prensa, universidades o contra minorías, pero también en materia de corrupción y de independencia de la justicia.
El éxito de la resolución, apoyada por socialdemócratas, liberales, Verdes e izquierda radical, pero rechazada por los grupos soberanistas del Parlamento, dependía sobre todo del voto del PPE, el Partido Popular Europeo, que congrega a partidos de derecha y centristas.
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El PPE, el mayor grupo en el Parlamento Europeo, acoge en efecto en su seno al Fidesz (Alianza Cívica Húngara) de Víktor Orban (12 representantes de los 218 eurodiputados del grupo).
Pero este grupo, incapaz en su seno de ponerse de acuerdo, no dio consigna de voto aunque su jefe, el alemán Manfred Weber, había anunciado que votaría en favor de la resolución.
Orban representa la línea dura antimigración, crítica con la UE y autoritaria, símbolo de la ola populista de derecha que se abate sobre Europa.
A fines de agosto, tras un encuentro con el ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, había designado al presidente francés, Emmanuel Macron, como su enemigo en Europa.
Varios jefe de los grupos políticos habían pedido a sus colegas de PPE que tomaran posición contra Orban.
El PPE cuenta en sus filas a diversas formaciones, entre ellas la CDU de la canciller alemana, Ángela Merkel; el partido socialcristiano del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; los republicanos franceses --oposición de derecha a Macron-- y el Partido Popular (PP) español, entre otros.