Ciudad de Guatemala. La presión del Gobierno de Guatemala por cerrar las puertas a una misión de la ONU que combate las mafias y la impunidad es un golpe a la lucha contra la corrupción y daña la imagen internacional del país, advirtieron este lunes analistas.

Tal criterio lo manifestaron luego de que el gobierno del presidente Jimmy Morales intentó el pasado fin de semana de impedir el ingreso del investigador colombiano Yinel Osorio, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de la ONU.

Osorio fue retenido la noche del sábado en el aeropuerto de la capital y pudo ingresar unas 25 horas después, gracias a una orden emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial de este país.

La retención del funcionario se dio a pesar que la CC otorgó, el 21 de diciembre, un amparo provisional solicitado por el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, para obligar a la Cancillería a emitir las visas de 11 funcionarios de la Cicig que habían sido revocadas.

Unas 50 organizaciones civiles, académicas y humanitarias calificaron la negativa de ingreso a Osorio como “un duro golpe” a la institucionalidad del país, que favorece a grupos corruptos y desacata las resoluciones de la Justicia.

“El problema es que las acciones del gobierno están fuera del marco legal, está claro que está ejecutando acciones que tienden a favorecer grupos de poder económico y político que han sido afectados por los trabajos de la Cicig”, dijo la directora del Grupo Pro Justicia, Carmen Ibarra.

La Cicig adquirió relieve en la lucha contra la corrupción luego de que en el 2015 destapó la operación de una red de defraudación en las aduanas que provocó la renuncia del expresidente Otto Pérez, actualmente detenido en espera de un juicio por su papel como líder de esa operación delictiva.

El actual gobernante ha sido hostil con el trabajo de la Cicig desde el comienzo de su mandato en el 2016, cuando la entidad y la Fiscalía acusaron a un hijo y un hermano de defraudación fiscal. Los dos guardan arresto domiciliario y están a la espera de un juicio.

La situación empeoró en agosto del 2017 cuando la Cicig y la Fiscalía acusaron a Morales de corrupción electoral durante los comicios que ganó en el 2015, y pidieron al Congreso levantar su inmunidad para investigarlo por la denuncia.

Morales intentó expulsar al jefe de la Cicig, el exjuez colombiano Iván Velásquez, y en setiembre le negó el ingreso al país cuando se encontraba de viaje en Estados Unidos.En esa ocasión anunció que no iba a solicitar una nueva ampliación del mandato de la Cicig, que vence el año en curso.

La canciller guatemalteca, Sandra Jovel, viajó la noche del domingo a Nueva York para reunirse con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, confirmó este lunes el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, aunque no dejó claro si hablarían de la Cicig.

Acabar con la Cicig

“Es lamentable que en Guatemala, con tantos rezagos y desafíos, el gobierno se esté dedicando a desmantelar a la Cicig”, comentó el analista Manfredo Marroquín, director de la organización Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.

Para Marroquín, el gobierno está “dejando el país sin futuro, y como no hay futuro la migración se dispara. El legado que estará dejando es un país en manos de las redes corruptas”.

Marroquín e Ibarra coincidieron en que las acciones contra la Cicig envían un mensaje negativo en materia de lucha contra la corrupción, en especial frente al llamado G13, que agrupa a países, agencias y organismos cooperantes. Este panel, una instancia de coordinación internacional y multilateral, está integrado por Alemania, Canadá, España, Francia, Italia, Suecia, Suiza, Reino Unido, Noruega, Holanda y organismos como la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“El mensaje que manda el presidente es que es un gobierno del crimen organizado y eso es una amenaza para la comunidad internacional”, afirmó Marroquín.

En tanto, Ibarra estimó que la relación con otros países “será más tensa”, sobre todo con los que apoyan más decididamente la lucha contra la corrupción.