AFP.   23 agosto
El secretario general de la OEA, Luis Almagro (segundo a la izquierda), y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (penúltimo a la derecha), durante la forma del convenio para crear la Maccih. Fue el 19 de enero del 2016 en Washington.

Tegucigalpa. Un grupo de la OEA advirtió este jueves al Congreso de Honduras que una pretendida reforma al Código Penal para proteger a personas acusadas de corrupción debilitaría la lucha contra el crimen.

En un pronunciamiento, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) hizo alusión a un proyecto de reforma al artículo 184 el Código Penal introducido al Congreso para salvar de la cárcel a 37 diputados, exdiputados, funcionarios y particulares acusados de desviar fondos del gobierno a campañas políticas.

"La pretendida modificación tendría como consecuencia el debilitamiento de la respuesta penal a graves delitos cometidos, entre ellos los de homicidio, asesinato femicidio, tráfico de drogas, secuestro, asociación ilícita, extorsión", entre otros, señaló la MACCIH.

El 23 de julio fueron encarcelados tres influyentes diputados y otras 16 personas, entre exlegisladores, funcionarios, exfuncionarios y particulares, acusados de desviar a campañas políticas unos $12 millones destinados a proyectos de madres jóvenes.

Los detenidos fueron acusados de “abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos y falsificación de documentos públicos”, pero salieron libres el 28 de julio porque los defensores aseguraron a la jueza que ellos no habían incurrido en lavado de activos.

La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Heide Fulton, se manifestó en un Twitter en apoyo a la posición de la MACCIH.

"Siguiendo de cerca las acciones del Congreso en este tema. Hacemos eco al llamado de la OEA-MACCIH, a la sociedad hondureña y a sus líderes para que evalúen las consecuencias de esta programada reforma. No más impunidad", sentenció la diplomática.

Ver más!

La MACCIH fue creada en el 2016 por la OEA a petición del presidente Juan Orlando Hernández para acallar marchas de decenas de miles de personas exigiendo la destitución del gobernante.

Los manifestantes exigían la dimisión porque el presidente confesó que decenas de miles de dólares entraron al equipo de campaña que lo llevó al poder en el 2014, aunque lo desconocía.