Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la OEA, denunció el lunes un “alarmante” deterioro de la institucionalidad democrática y la situación de los derechos humanos en Venezuela.
El “debilitamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela” se observa desde el 2002, pero en los últimos dos años, y especialmente en el 2017, “ha tenido una profundización e intensificación alarmantes”, afirmó la CIDH en un informe que documenta abusos y desviación de poder del gobierno de Nicolás Maduro.
“Venezuela no puede continuar eludiendo indefinidamente sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos”, advirtió el organismo al difundir su tercer informe sobre el país andino.
La CIDH aseveró que Venezuela registra “un grave precedente” y “contradice seriamente los principios del derecho internacional” al no aceptar ni cumplir decisiones ni recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos bajo el argumento de que contravienen la soberanía nacional.
Las 76 recomendaciones al Estado contenidas en el documento incluyen reconocer nuevamente la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el otro órgano del sistema interamericano de derechos humanos al que Caracas desconoce desde el 2013, y revertir la decisión adoptada el año pasado de retirarse de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Señala que, de entrar en vigencia en el 2019, dejaría a la población venezolana sin la protección de sus derechos humanos que se derivan de la Carta de la Organización y de la Declaración Americana de Derechos y Libertades del Hombre.
Veto a la CIDH
La Comisión, que mantiene a Venezuela desde el 2002 entre las naciones del continente que requieren seguimiento especial, reiteró su solicitud de realizar su primera visita a Venezuela desde ese año y se quejó de que las autoridades no han respondido a numerosas solicitudes formales enviadas desde entonces.
El peruano Francisco Eguiguren, presidente de la Comisión, manifestó en conferencia de prensa que “el centro de la preocupación de la CIDH es el pueblo venezolano, que está sufriendo las graves consecuencias de esta crisis en todos los niveles, con graves afectaciones a sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales”.
El informe registró un panorama dramático en la nación andina, especialmente desde el 2017.
Junto al debilitamiento de la institucionalidad democrática causado principalmente por las injerencias de los poderes Ejecutivo y Judicial sobre el legislativo, la CIDH diagnosticó un patrón de represalias a la disidencia, un uso excesivo de armas de fuego contra manifestantes y severas restricciones al derecho a la libertad de expresión.
El documento condenó la militarización de la seguridad ciudadana ante un aumento importante de la violencia y la criminalidad, y además subrayó un índice de pobreza alarmante y un desabastecimiento generalizado de alimentos, medicamentos, tratamiento, material e insumos médicos.
El Estado venezolano indicó a la CIDH que rechaza el informe porque presenta una visión “altamente parcializada” y porque “se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial".
La CIDH es un órgano de la OEA. Está integrada por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.