Washington (AFP). El presidente Barack Obama nominó hoy a tres nuevos secretarios, incluyendo la nueva directora de presupuesto, en medio de advertencias de las consecuencias de los recortes automáticos del presupuesto que entraron en vigor la semana pasada en Estados Unidos.
El presidente nombró a Gina McCarthy al frente de la Agencia de Protección del Medioambiente (EPA), al físico Ernest Moniz para el Departamento de Energía y a la directora de la fundación benéfica del distribuidor Walmart, Sylvia Mathews, como directora de la Oficina de Presupuesto (OMB).
Obama lamentó, en relación con los recortes de 85.000 millones de dólares del presupuesto del gobierno federal hasta setiembre, luego que demócratas y republicanos fueran incapaces de acordar un plan para reducir el déficit, que “ya empezaron a costar empleos”.
“Eventualmente, mucha gente va a sufrir, es por eso que debemos seguir trabajando para reducir nuestro déficit de manera equilibrada, una fórmula que es apoyada por la mayoría del pueblo de Estados Unidos”, explicó al oficializar la designación de tres nuevos responsables del gobierno.
Mathews fue directora adjunta de la OMB entre 1998 y 2001, a fines de la administración del presidente demócrata Bill Clinton. Posteriormente se sumó a la fundación del magnate informático Bill Gates, y asumió a comienzos de 2012 la presidencia de la fundación Walmart.
Las tres designaciones deben ser confirmadas por el Senado, donde los republicanos tienen una minoría con poder de bloqueo.
El cargo de director del OMB, equivalente a un secretario de Estado de Presupuesto, reviste una importancia estratégica, en un momento en que los recortes se traducirán en una reducción del 8% del presupuesto del Pentágono y del 5% del resto de partidas.
Sin embargo, los republicanos rechazan cualquier aumento de impuestos para evitar los recortes, privilegiando un saneamiento de las cuentas públicas.
"Estoy seguro de que lo podremos lograr (una solución) si se encuentra la gente de buena voluntad", aseguró el presidente, aunque por el momento no hay ninguna negociación formal en curso.
A esta crisis debería adicionarse muy pronto otra, aún más llena de amenazas: el financiamiento del Estado federal para los últimos meses del ejercicio 2013, que deberá ser objeto de un voto en el Congreso antes del 27 de marzo, y sin el cual los servicios públicos deberán cerrar.