El Gobierno peruano descartó cualquier tipo de negociación por la liberación de los trabajadores de la constructora sueca Skanska y la local Construcciones Modulares, al tiempo que reafirmó la lucha sin cuartel contra la guerrilla.
La búsqueda de los rehenes se reforzó con más presencia militar, que superó los 2.000 efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas en el distrito de Echerate, donde está el poblado Kepashiato, región Cusco, 500 km al sureste de Lima, del cual 70 senderistas secuestraron a los empleados el lunes.
“El Gobierno no negocia con terroristas; el Gobierno actúa en el marco de la ley”, dijo el ministro de Justicia, Juan Jiménez, a una televisora local sobre una presunta carta de los secuestradores, pidiendo, entre otros puntos, un rescate de $10 millones.
Las empresas afectadas emitieron un comunicado en el que señalan que “confían en una pronta y segura liberación de sus 36 colaboradores”. En Lima, representantes de Skanska declinaron confirmar o negar si existe una negociación en curso que los involucre para concretar el pago del rescate, como especula la prensa peruana.
“Son 28 los trabajadores de la empresa sueca Skanska y ocho los de la empresa Construcciones Modulares los que están secuestrados”, había dicho el martes Armando Fabbri García, gerente de Recursos Humanos de Skanska.
El representante de Skanska se excusó de hablar del rescate: “No estoy autorizado para entrar en detalle sobre el documento”.
El secuestro fue dirigido por el camarada Gabriel, miembro de la facción de Sendero Liminoso que actúa en el valle del río Apurímac-Ene, que es el ala más dura y fuerte de la guerrilla.
El valle es una de las rutas del narcotráfico en Perú y el Gobierno insiste desde hace una década en vincular a esta facción con los traficantes de drogas dado que el cultivo de la hoja de coca.