San Salvador. El Salvador conmemora este lunes un año de la canonización de monseñor Óscar Arnulfo Romero mientras la Iglesia católica sigue clamando por justicia frente a la impunidad de su asesinato, ordenado por la ultraderecha el 24 de marzo de 1980.

Romero fue canonizado por el papa Francisco el 14 de octubre del 2018 como un férreo defensor de los derechos humanos, aunque el júbilo que desató en su país este reconocimiento no aplacó el clamor por esclarecer un magnicidio que conmovió a la comunidad internacional.

“La justicia sigue pendiente, y ya los obispos hemos dicho que queremos que el caso se reabra plenamente, la ley de amnistía ya está derogada”, declaró el cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez.

La Corte Suprema de Justicia declaró en julio del 2016 inconstitucional la ley de amnistía que encubrió las atrocidades cometidas durante la guerra civil (1980-1992).

Rosa Chávez lamenta que el asesinato de Romero “nunca se investigó”, por lo que considera necesario que “la verdad se haga pública oficialmente para que se haga justicia a nuestro santo, que es lo mejor que tenemos como país”.

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Romero era un arzobispo conservador y cercano al poder antes de transformarse, movido por el asesinato de su amigo el sacerdote jesuita Rutilio Grande junto a dos campesinos en marzo de 1977, en el más encendido defensor de los marginados, con una contundente oratoria que denunció la injusticia social y desconcertó a la ultraderecha de El Salvador.

Tres años después Romero, considerado "la voz de los sin voz", fue asesinado de un balazo en el pecho disparado por un francotirador cuando oficiaba una misa en la capilla del hospital Divina Providencia, al noroeste de la capital.

Su muerte encendió una guerra civil que en doce años dejó 75.000 muertos.

En 1993, una Comisión de la Verdad de la Organización de Naciones Unidas señaló como autor intelectual del crimen al mayor del ejército Roberto D'Aubuisson, ya fallecido, fundador de la entonces gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha).

Su tumba, en una cripta en la Catedral de San Salvador, es epicentro para peregrinos y turistas que a diario la visitan para rezar y dejar ofrendas de flores.

Justicia lenta

El juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reabrió en mayo del 2017 el caso de Romero, aunque demoró hasta octubre del 2018 para ordenar las primeras investigaciones y la detención de uno de los involucrados en el crimen.

“El proceso está caminando lento, no se ve interés de parte de la Fiscalía”, declaró el abogado Ovidio Mauricio, quien dirige la acusación particular desde la ONG Tutela Legal, que lleva el nombre de María Julia Hernández.

El 23 de octubre del 2018, el juzgado ordenó la detención del capitán Álvaro Saravia, quien figura como el único imputado en la causa penal por el asesinato de Romero.

"Hasta el momento no sabemos si la policía e Interpol han buscado a Saravia", cuestionó Mauricio.

Saravia, un lugarteniente de D'Aubuisson, confesó años atrás al periódico digital El Faro la manera en que se planificó y ejecutó el asesinato de Romero.

“El asesinato de monseñor Romero es el más claro ejemplo de impunidad. Ahora es santo, pero la justicia salvadoreña ha sido injusta, ineficiente y hasta protectora de los criminales por inacción”, declaró a la AFP Miguel Montenegro, coordinador de la ONG Comisión de Derechos Humanos.

Inspirador legado

Al ser canonizado, Romero se convirtió en ícono de la Iglesia universal y obtuvo el reconocimiento eclesial a su legado de defensa de los derechos humanos y promoción de la justicia, dijo el teólogo salvadoreño Juan Vicente Chopin.

Monseñor Romero "se convirtió en una fuente de inspiración por sus escritos, por su predicación", reflexionó Chopin, director del programa de doctorado y maestría en teología de la Universidad Salesiana Don Bosco.

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Cuestionó que en El Salvador existe un vacío sobre el legado de Romero, por cuanto aunque una "buena parte" del clero lo admira, en la práctica pastoral "no están aplicando su pensamiento".

El teólogo lamenta que a pesar de ser declarado santo, Romero siga figurando en el país como “el caso más emblemático de impunidad”.